Para la abogada, Edna Franco Vargas en el caso del decreto por el cual se rectifican y digitalizan las superficies que integran el polígono de la Zona de Reserva Ecológica y Área Natural Protegida (ZREANP) del Cerro del Crestón, originalmente decretada en 1992, debió haberse efectuado con leyes en la materia vigentes.
En entrevista detalló que previo a la emisión del documento debieron haber escuchado a todos los interesados: al sector ambientalista, al sector técnico, a los ciudadanos, al municipio, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a fin de generar un consenso social.
Y de verdad —afirmó— “una aspiración de todos a conservar el medioambiente de nuestro municipio y de los demás municipios afectados, porque pretender, como se dice por parte de las autoridades, rectificar, abatir rezago de 32 años, suplir ausencias técnicas, que textualmente se han dicho, pues también es muy loable, pero no es constitucionalmente sostenible”.
Reiteró que ya pasaron seis sexenios y diez trienios, y nunca se hizo, “otra cosa que no se cumplió fue los estudios sobre información general del área, el impacto ambiental y el plan de manejo, lo que se establecía en el artículo 40 de la ley del 91, ley ambiental”.
Pero tampoco se dio cumplimiento al artículo 49, que decía que se notificará previamente a los propietarios o poseedores de predios afectados en forma personal y si no se conociera en su domicilio, mediante publicación tres veces en el periódico de mayor circulación en la región, sostuvo.
“Las declaratorias se inscribirán en el registro público de la propiedad y en el archivo general de notario, nunca se hizo, entre otras más cosas, o sea, es un tema muy complejo, pero creo que sí se debió haber previsto un nuevo decreto que reflejara la realidad objetiva y material de la ciudad conforme al desarrollo urbano ya existente”, comentó.
Reveló que tanto gobernadores de sexenios pasados como presidentes municipales han inaugurado obras municipales y estatales o con recursos federales dentro del polígono, lo que generó certidumbre jurídica.
“Se va a establecer, por ejemplo, vamos a pensar, la zona abajo del libramiento que ya está urbanizada, del libramiento norte, y que hay muchas propiedades ya construidas con calle, agua, luz, servicios, internet, todo, y ahora se les va a decir qué afectación tienen, qué pueden hacer, qué pueden construir, si no pueden construir, si pueden o no subdividir según su superficie”, explicó.
Franco Vargas dijo que esa parte es la que se va a conocer en febrero, después de las reuniones que está teniendo la Secretaría del Medio Ambiente con algunos afectados, para lo cual han solicitado que se organicen comités por zonas.
Muchos ciudadanos aducen que quieren contribuir al cuidado del medioambiente, luego entonces deben ser escuchados respecto a su derecho de propiedad y no restringirlo, alertó.
Sin embargo, cuestionó que las autoridades locales, lejos de generar un consenso social, están generando un descontento social y mayor división, “cuando ello no debe darse, porque lo que se debe hacer es observar la constitución y actuar en consecuencia”.
La declaratoria de origen, o sea la del 92, debió actualizarse cada cinco años y publicarse oficialmente al menos 30 días antes de entrar en vigencia, conforme al artículo 17 de aquella ley, tampoco se hizo nunca, cerró la abogada litigante.
