Ante decenas de madres de víctimas de desaparición o feminicidio (rodeadas por cientos de miles de familias que salieron este sábado a la avenida Reforma a observar un desfile de navidad) defensoras de mujeres reclaman en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia, el aumento de “la violencia sexual, las desapariciones de mujeres y los feminicidios en el país”.
De hecho, prácticamente todas las pancartas, carteles, camisetas o mantas que portan los familiares de las muertas o desaparecidas tienen algo en común, retratan niñas o mujeres jóvenes, hermosas y todas ellas fueron atacadas en los últimos 5 años, incluso, una abrumadora mayoría son adolescentes que fueron victimizarse en este 2017.
Otros familiares denuncian en fotografías de gran formato a posibles feminicidas que están prófugos o libres, sin que las autoridades los llamen a explicar las acusaciones que sostienen quienes los señalan como agresores de mujeres.
Cabe destacar que las madres de las desaparecidas acudieron al Angel de la Independencia poco antes de las 10:00 horas y llevan más de una hora y media en espera de poder avanzar en marcha hacia el Zócalo capitalino; el desfile de navidad aún no concluye.
De enero a junio de 2017 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) registró 914 asesinatos de mujeres en 17 estados del país: Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Sinaloa, Campeche, Hidalgo Chiapas, Quintana Roo y Colima. Tan sólo el 49% de los casos es investigado como feminicidio.
Si Cabe destacar que no contamos con información de estados con un alto índice de violencia feminicida como: Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y Michoacán.
Veracruz, la Ciudad de México, Sinaloa, Chiapas, Morelos, Oaxaca, Nuevo León, Estado de México, Guerrero, Tlaxcala y Puebla son estados de particular preocupación por el incremento y desinterés de las autoridades para combatir de manera estructural los feminicidios.
En la práctica, las autoridades son omisas, indolentes e ineficaces al no implementar dichos criterios. La falta de voluntad y capacitación para investigarlos y tipificarlos como feminicidio permite que la mayoría de los asesinatos de mujeres sean investigados como homicidios dolosos o suicidios, lo que impide el conocimiento de la verdad y el acceso a la justicia-.
El odio y la saña, a través de métodos que implican el uso excesivo de la fuerza física, como: asfixia, golpes, o que fueron degolladas o apuñaladas, evidencian el incremento de los feminicidios en México, que puede estar vinculado a otros como la trata o el crimen organizado.
Así mismo, la falta de actuación de las autoridades cuando las mujeres acuden a denunciar violencia familiar, amenazas y acoso, ha derivado en femicicidios de más de dos víctimas por parte de un mismo agresor como lo ha evidenciado el caso de Jorge Humberto “el mata novias”.
Yang Kyung María Sun Borrego, joven de 21 años víctima de feminicidio por parte de Jorge Humberto, había presentado una denuncia por violencia en su contra, sin que las autoridades implementaran las acciones necesarias, en 2014 fue víctima de feminicidio. Posteriormente, más de dos familiares de víctimas identificaron a este agresor como el responsable de otros feminicidios.
En 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la sentencia 554/2013 sobre el caso de Mariana Lima Buendía, joven de 28 años víctima de feminicidio por parte de su esposo y dictó lineamientos específicos para la investigación en los casos de asesinatos de mujeres.
Así, todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos.
En todos los casos es necesario recolectar y salvaguardar la evidencia para determinar si la víctima sufrió de violencia sexual o si ésta vivía en un contexto de violencia.
La inacción y la indiferencia del Estado ante los casos llevan a la re-victimización y discriminación, por lo que los responsables deben ser sancionados.
A pesar de la existencia de la tipificación del delito y protocolos para su investigación ministerial, pericial y policial, existe un desconocimiento y falta de voluntad política para aplicar la debida diligencia, perspectiva de género y más aún para sancionar a los responsables.
