El 20 de octubre de este año, el cuerpo sin vida de Jazmín Contreras López, de 19 años de edad, fue hallado en Tlaxcala. Dos de sus empleados, en un negocio de textiles, la asesinaron por dinero y porque era mujer.
Como Jazmín, muchos de los 14 millones de jóvenes de entre 18 y 23 años de edad, quienes votarán por vez primera en 2018, podrían no regresar a casa por la violencia. Y si lo hacen, tendrán que enfrentarse al ambiente de desesperanza que reina en nuestro país.
Entre 2012 y 2016, en el marco de la denominada “guerra contra el narcotráfico” que inició en 2006, una de cada cinco víctimas de homicidio fue un joven de entre 15 y 24 años, refieren datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
A pesar de que en ese periodo los homicidios –en general– fueron a la baja, sin embargo, la tasa de asesinatos de jóvenes se mantuvo casi intacta, a partir de 2013, con márgenes de 21 por ciento del total de homicidios por año.
La situación se torna aún más negra si consideramos que en México, entre el bajo grado de denuncias y de condenas, la impunidad reina en el 99 por ciento de todos los casos, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2017.
No obstante, razones de más tendrá la juventud mexicana para preocuparse por su futuro. La situación económica y laboral les dificultará hallar trabajo y trabajo bien pagado; muy probablemente no les toque el beneficio de una pensión cuando la requieran; y si la educación y la circunstancia les ayuda, no pasarán a formar parte de los millones de mexicanos sumidos en condiciones de pobreza. Ese es el panorama que ofrecen las cifras oficiales.
A pesar del oscuro escenario, para la doctora Alicia Ortiz Rivera, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, “no es una juventud sin esperanza. No es una juventud que pueda considerarse víctima de [algo] o vulnerable. Hay una gran fortaleza y lo que tenemos que hacer es gente consciente de los retos, de las responsabilidades que tenemos como sociedad”.
Sin embargo, dijo, requerimos de políticas públicas que actúen “de manera sistemática porque (las actuales) dependen mucho de las administraciones en turno”.
Mar de carencias y la esperanza
Hoy en día, sólo el 44 por ciento de los jóvenes de 15 a 24 años (7.9 millones de personas) asiste a la escuela. En cambio, el destino de 10 millones más se encuentra fuera de las aulas. Peor aún es el reto para aquellos quienes decidan continuar con sus estudios hasta alcanzar la educación superior.
Hasta el año pasado, poco más de 2.93 millones de personas mayores de 20 años -el 24 por ciento de este grupo demográfico- estaban inscritas en alguna universidad pública o privada, refieren datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Y según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), hasta 2017 en nuestro país, sólo el 17 por ciento de las personas de entre 25 a 64 años lograron terminar una carrera universitaria.
Para Ortiz Rivera, uno de los grandes retos para las próximas administraciones será la educación que se le dé a los jóvenes, de modo que aprendan a “aprovechar los avances que hay y que se vayan generando sistemas de valores sustentables”.
La situación educativa es crítica; también sus consecuencias económicas en nuestra nación. La relación entre el grado educativo y el sueldo que percibe una persona suele ser directamente proporcional; es decir, a mayor grado educativo mayor remuneración salarial. Sin embargo, en México, eso no siempre sucede.
La última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi arrojó que la paga de un profesionista oscila entre 9 mil y 11 mil 282 pesos mensuales. Para quienes no tuvieron la oportunidad de llegar a la universidad -98 de cada 100 jóvenes para 2016, de acuerdo con el Foro Económico Mundial- las oportunidades de un salario digno se encogen.
Así, en México, la mayor parte de la población económicamente activa (37.2 por ciento) gana entre 1 mil 500 y ocho mil pesos al mes; y sólo el 1.7 por ciento supera los 20 mil pesos mensuales, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF).
Esta situación es preocupante, ya que como refiere la Organización Internacional del Trabajo (OIT), casi la mitad de la población de 15 a 29 años (12.2 de 37.9 millones de jóvenes) son “vulnerables” a enfrentar dificultades para acceder a un trabajo “decente”, con la posibilidad de un buen salario y seguridad social.
El panorama laboral de los jóvenes mexicanos se ve agravado si consideramos que seis de cada 10 participan de la economía informal, indican datos del INEGI. De ellos, el 34 por ciento gana entre uno y dos salarios mínimos (entre 2 mil 500 y 5 mil pesos mensuales).
¿Cómo revertir esta circunstancia?
“Generando una cultura de más emprendedores”, porque de acuerdo con Ortiz Rivera, “no estamos viviendo en una época de menos oportunidades, pero sí de más retos porque son tiempos de cambios importantes”. En ese sentido, detalló, “el reto es empoderar a los jóvenes (…), y eso tiene mucho que ver con la educación, los valores y la generación de conciencias sustentables”.
Para el doctorando Alejandro De Coss Corzo, sociólogo de la London School of Economics y miembro de Ala Izquierda, no es lo mismo hablar de las condiciones por las que atraviesan los mexicanos que viven del campo o quienes radican en la ciudad. Lo mismo con las clases marginadas, media y alta.
“El impulso a la juventud debe partir no sólo de las diferencias culturales que existen […]. Para entender los retos que le esperan a la juventud mexicana hay que resistir la tentación de ponerla a toda en la misma caja. Las diferencias de clase, raza y sexo importan y tienen que ser consideradas”, explicó.
En este contexto de carencias, no es rara la apatía, la desconfianza o la confusión de muchos jóvenes rumbo al entorno político de los comicios de 2018. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), el 40 por ciento de la población de 15 a 29 años se abstiene de votar en las elecciones federales. Y según una encuesta realizada este año por El Financiero-Bloomberg, mientras el 70 por ciento de los millenials no sabe por quién votará, un 10 por ciento de ellos no lo hará.
“En todas las esferas (sociopolíticas) el involucramiento de los jóvenes es marginal, y aparte de que no están participando tanto, no se abren oportunidades para que los jóvenes tomemos decisiones”, refiere Aline Zunzunegui, coordinadora de incidencia política de Ollin, Jóvenes en Movimiento AC.
La especialista comentó que a raíz del sismo de 7.1 grados Richter del 19 de septiembre de este año, “el contexto cambió bastante y la participación de jóvenes ha sido muy activa”, situación por la que esperan que el voto en las urnas, al menos el siguiente año, aumente.
En su opinión, para acercar a los jóvenes a participar, es necesario que la difusión del gobierno en materia de participación ciudadana se apropie de un lenguaje adecuado a la vida cotidiana de las personas. Sobre mecanismos de participación, refirió que, más allá de aquellos que adopten las autoridades, es necesaria la iniciativa juvenil a través de la sociedad civil.
La tarea de las nuevas generaciones, a su juicio, es reclamar los valores que quieren tener como sociedad, sobre todo en materia de responsabilidad social, transparencia y rendición de cuentas.
En la actualidad, de acuerdo con el INE, el 40.13 por ciento de las personas con credencial para votar [35 millones de mexicanos] tiene entre 18 y 34 años de edad. De ellos, el 17 por ciento [14.7 millones de jóvenes] no supera los 25 años cumplidos. Ese es el peso electoral de este grupo demográfico.
Futuro incierto y la depresión
Los millenials, jóvenes de entre 20 y 35 años, conforman casi la mitad de la población económicamente activa del país y sus problemas no se limitan a la violencia, la impunidad, la precaria educación o los escuetos salarios.
El estudio “Más allá de los ladrillos. El significado del hogar”, realizado por el grupo HSBC, encontró que el 94 por ciento de estos jóvenes planea comprar una casa en los próximos cinco años. Sin embargo, el 66 por ciento de ellos no tiene ahorros suficientes para pagar un enganche -y terminan rentando o anidando en casa de sus padres-.
Además está el tema de las pensiones y los beneficios sociales, mismos que hoy en día escasean por el creciente número de empleos informales, las subcontrataciones y la precaria cultura acerca del ahorro para el retiro.
Según las estadísticas de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), cerca del 70 por ciento de las personas que cotizan en una Afore no tendrán pensión. Esto se debe a que, bajo el nuevo esquema de ahorro a partir de 1997, para tener derecho a este beneficio se debe cumplir con al menos 1 mil 250 semanas de cotización -cerca de 25 años de trabajo, o lo que es lo mismo, el 62.5 por ciento de una vida útil laboral de 40 años-. Para la Consar, sólo el 30 por ciento de las personas cumple con ese requisito.
Con este escenario, la esperanza se desdibuja para la juventud mexicana. Y un fehaciente indicador de ello es la cantidad de suicidios relacionados con la depresión. En palabras del Secretario de Salud José Narro Robles, durante la conmemoración de este año del Día Mundial de la Salud, “el suicidio es un tema que tiene que ver con jóvenes de 12 a 29 años. Un altísimo porcentaje de ellos cursaron un cuadro de depresión”.
En consecuencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió la necesidad de reconocer a la depresión como una causa de discapacidad laboral, ya que este padecimiento afecta a casi 10 millones de personas en México.
“Las enfermedades pueden afectar a la capacidad de las y los adolescentes y jóvenes para crecer y desarrollarse plenamente. El consumo de alcohol o tabaco, la falta de actividad física, las relaciones sexuales sin protección y/o la exposición a la violencia pueden poner en peligro no solo su salud actual, sino también la de su adultez e incluso la salud de sus futuros hijos”, refiere el Instituto Mexicano de la Juventud.
Las cifras son alarmantes: En los últimos siete años, el consumo de drogas aumentó en 47 por ciento entre la población de 12 a 65 años, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017. Entre la población de 12 a 17 años, el incremento fue de 125 por ciento, añaden datos de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic). En el caso del alcohol, el ejercicio demoscópico arrojó un aumento de 4.8 puntos porcentuales en ese periodo, entre la población de 12 a 17 años.
Si las drogas no le roban el futuro a México, la violencia y el crimen organizado posiblemente lo harán. Datos de este año de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indican que en México existen cerca de 30 mil niños y jóvenes que laboran para la delincuencia organizada -ya sea extorsionando o traficando personas, distribuyendo piratería o estupefacientes-.
“El mayor reto que enfrenta la juventud mexicana es el contexto de violencia generalizada”, apuntó De Cross Corzo. “México es un país violento, desigual, con frustraciones legítimas varias, las cuales continúan creciendo ante la displicencia de los gobernantes y la autonomización política, económica y social de las élites del país. Si seguimos por ese camino, sólo puedo imaginar una profundización de la violencia, mayor pauperización de obreros, menos participación política y, en general, un escenario de mucha incertidumbre”, abundó.
Para la doctora Alicia Ortiz Rivera de la UNAM, es precisamente “el abandono –por falta de oportunidades- donde se han enquistado los grupos del crimen organizado”. Para dar revés a éste y otros problemas endémicos en México –como la corrupción, la falta de transparencia y de participación política-, hacen falta más y mejores políticas públicas que resuelvan los problemas de raíz, en lugar de políticas paliativas.
“Los jóvenes asumen muchas conductas de riesgo. Se debe de generar un sentido de apego a la vida o de valoración de la vida […] no criminalizarlos. La tasa de muertes y de suicidios responde a la falta de atención que se les está dando a los jóvenes”, concluyó.
