Enfundó su gorra, short de mezclilla, blusa rosa, tenis blancos y se dispuso a pasear, en la mano una correa cuyo otro extremo rodeaba el cuello de su mascota… un jaguar, sí, una especie reconocida por el Estado mexicano en peligro de extinción, que le fue decomisada no por ser ilegal la posesión de uno de estos animales, sino porque está prohibido exponerlo en vía pública. El episodio ocurrido el pasado 2 de agosto mostró el vacío legal que existe en México respecto al cuidado de especies salvajes.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aplicó el artículo 119, fracciones II y VII, de la Ley General de Vida Silvestre, que señalan que el aseguramiento de una especie procederá cuando “no se cuente con la autorización necesaria para realizar actividades relacionadas con la vida silvestre o éstas se realicen en contravención a la autorización otorgada, o en su caso, al plan de manejo aprobado”.
Esa misma ley en su artículo 27 señala que el manejo de ejemplares y poblaciones exóticas sólo se podrá llevar a cabo en condiciones de confinamiento que garanticen la seguridad de la sociedad civil y “trato digno y respetuoso”, y que “las personas que posean algún o algunos ejemplares como mascota o animal de compañía, deberán contar con autorización expresa de la Semarnat”.
“La parte borrosa de la ley es la del ‘trato digno y respetuoso’, porque no hay un lineamiento, no hay bases claras que digan que si tienes un jaguar debes tener un encierro de tanto por tanto, una casa de noche, etcétera, no existe, hay lineamientos técnicos que manejan zoológicos, pero no hay una norma”, explica Juan Pablo Silva, biólogo del Centro Especializado en Manejo Ambiental y Vida Silvestre, con sede en Jalisco, ponente en el Foro Mundial de Conservación del Jaguar.
En el caso reportado en Culiacán, señala, quedó en evidencia que en la ley “no hay una parte que diga que no puedes hacerlo y la ley es muy clara, lo que no te prohíbe está permitido”.
En México es legal la venta de todo animal exótico siempre y cuando no esté en peligro de extinción. Se pueden adquirir desde jirafas, leones, tigres, tucanes y hasta canguros. En la zona metropolitana de Guadalajara se ha alertado en los últimos meses la presencia de al menos 10 jaguares en propiedades particulares, de los cuales únicamente tres propietarios han mostrado sus papeles de autorización de la Semarnat. En los otros casos, apunta Silva, la “Profepa no actúa, no sabe quién vendió ese animal, quién lo comercializó, quién lo compró”.
Aunado a esa lentitud se encuentra la falta de capacidad de Profepa y Semarnat para apoyar a organizaciones que se dedican a la conservación y rehabilitación de animales.
El nombre legal de las empresas, privadas o públicas, a las que se entregan los animales decomisados es Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) y la Profepa, acusa el biólogo Epigmenio Cruz Aldán, director del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZOOMat), de Chiapas, que los utiliza como “basurero”. Les pide a sus especialistas que se encarguen de su cuidado, alimentación y rehabilitación y “no da un solo peso”.
“Hace el decomiso y busca quién puede ser el socio o el aliado que los reciba, a nosotros como zoológico nos lleva mucha fauna decomisada porque tenemos las condiciones para mantenerlos, nos lo entregan por medio de un acta y en el tiempo que dura la investigación de su situación legal nos hacemos cargo de alimento, salud, rehabilitación, todo, en algunas ocasiones les pedimos quedarnos con los animales, pero en otras se lo llevan, no es un animal, son cientos que son decomisados”.
Los procesos que realiza Profepa para determinar la situación legal de un animal decomisado, subraya, va desde los dos o tres meses hasta los 10 o 15 años. “Las leyes no son expeditas, el proceso es larguísimo, llega el tiempo en que se deterioran en cautiverio, se hacen dependientes del ser humano y querer liberarlo resulta negativo, lo estamos condenando a que lo mate la primera persona que se encuentre”. En el Zoomat se han recibido decomisos de hasta 800 loros y cuenta desde hace cuatro años con tres jaguares entregados por la Profepa.
Falta de apoyos obstruye proyectos
Juan Pablo Silva, representante del Cemavis, ha acompañado casos de comunidades de Jalisco que han recibido animales decomisados por la Profepa –y que por tanto son propiedad de la nación-, que vieron en la exhibición una oportunidad para potenciar sus proyectos ecoturísticos. Es el caso de la comunidad indígena de El Tuito, en Cabo Corrientes, y de la empresa familiar Potero de Mulas, en San Sebastián del Oeste.
Además de la falta de estímulos fiscales para la labor de conservación del medio ambiente, ambos proyectos enfrentan las restricciones que impone la Profepa. Potrero de Mulas tiene tres felinos, un puma y dos jaguares propiedad de la nación, que no se pueden comercializar ni los ejemplares ni las crías que pudieras reproducir.
“Se han recibido apoyo para el manejo de los animales, para su conservación, pero ha sido insuficiente, no todo es culpa del gobierno, pero los apoyos no pueden ser nada más para construir el albergue, sino también para que te capacites y potencies el proyecto”, asegura.
Ambos proyectos han desistido de su tarea de conservar a los felinos. Para la comunidad de El Tuito, subraya, “se transformó en una calamidad y ya hizo un oficio para entregar los animales a Semarnat”. En el caso de Potrero, luego de que en 2015 la totalidad de los ingresos del parque ecoturístico se destinaran a la alimentación de los felinos, los dueños tomaron la decisión de que los animales fueran retirados.
2015 Profepa realizó el decomiso precautorio de:
- 35 mil 276 ejemplares de vida silvestre
- 10 mil 192 de fauna
- 25 mil 84 de flora
- 3 mil 317 productos de vida silvestre
- 25 personas fueron remitidas ante el Ministerio Público Federal
- 100 mil mdd representa anualmente el tráfico ilegal de animales en el mundo, de acuerdo con la ONU
