Los cauces y riberas de los ríos San Felipe, Atoyac y el Salado, además del Cerro del Fortín, son algunas de las áreas naturales, reserva o zonas federales alcanzados por la mancha urbana de la ciudad de Oaxaca, señaló el activista Carlos Morales, de la asociación civil Colmillo Blanco.
Tras la delimitación del polígono de la zona de reserva ecológica Cerro del Crestón-Cruz Blanca-Fortín, las autoridades estatales y municipales reconocieron que dentro del polígono ya habitan más de 7 mil personas. Pero aun cuando otras áreas se rigen por la Ley de Aguas Nacionales y por ello son federales, o cuentan con un decreto propio como el Parque Estatal Cerro del Fortín, el ambientalista señaló que a la par de las descargas de aguas negras en los ríos hay más invasiones.
El activista consideró que este avance de la mancha urbana en la ciudad se ha dado bajo la falta de regulación de las autoridades que deberían ejercer las leyes. Incluso, dijo que son las mismas autoridades las que han permitido la realización de obras en estas áreas. “Autorizan puentes, descargas, por ellas (las autoridades) son las que hacen las inspecciones cuando se va a hacer la conexión de descarga”, explicó.
En el caso del río San Felipe, tanto el activista como vecinos de la capital han denunciado por varios años la invasión y presunta propiedad que diversas personas dicen tener en la presa Rompepicos. Sobre el caso del Cerro del Fortín, Morales ha calculado que al menos el 10 por ciento del parque estatal ya está invadido por diversas construcciones, incluso de tipo gubernamental.
Además de que estas construcciones contravienen el plan de desarrollo urbano municipal y estatal, además de leyes nacionales y se encuentran en áreas con riesgos para la misma población y que se encuentran documentados en el Atlas de Riesgo.
La falta de estudios de impacto ambiental, así como otros factores han propiciado este avance de la mancha urbana y los riesgos de las construcciones en ellas, apuntó el activista, quien reiteró su desacuerdo por la delimitación del polígono de la zona de reserva ecológica del Cerro del Crestón, que se hizo 32 años después del decreto y de la que opinó que se debió privilegiar la defensa del área natural y no la propiedad de quienes se establecieron ahí.
