Le rociaron ácido a la independencia judicial de Oaxaca
Le rociaron ácido a la independencia del Poder Judicial de Oaxaca y hoy se encuentra sumergido en una crisis sin precedente. Algo así como cuando se pretendió arruinar a la Comisión Federal de Electricidad o Pemex, para desmantelarlas. Colegas abogados establecen que desde el inicio del proceso penal en contra de VC, había veneno en uno y otro lado. En la acusación y en la defensa.
El caso fue mediatizado hasta la saciedad a partir de un señalamiento de contubernio entre poder y dinero. A tal grado, que quedó un reducido margen para que las personas juzgadoras que se ocuparan del caso lo hicieran con certeza y seguridad jurídica.
El clamor de las redes sociales y medios tradicionales se convirtieron en tribunal. La justicia pasó a segundo término ante la batalla entre el poder mediático y el poder político partidista.
Al cumplirse cinco años de proceso, el contexto político electoral cambió, pero los intereses se mantuvieron. Un año y ocho meses atrás un priista le entregó la gubernatura de Oaxaca a un morenista.
Pero algo que consideran medular los colegas abogados es el hecho de que, en septiembre del año 2022, el presidente de México informó que había recibido a la parte acusadora. Posterior a ese encuentro, en enero de 2023, el mismo presidente cuestionó, en “la mañanera”, la medida cautelar domiciliaria otorgada al procesado. En ese mismo año, el juez de control de Huajuapan fue removido del caso por haber concedido el “arraigo domiciliario”. El gobierno de Oaxaca ya era morenista.
El pronunciamiento del presidente de la República fue determinante para revocar la medida, pero nunca se esclareció el mal cálculo del gobierno estatal al promover que VC enfrentara el proceso en su casa. La mayoría no creyó la versión de que el juez de control actuó por propio impulso y que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca no estaba enterado.
Una escena que parece haberse repetido el 14 de agosto de 2024. Solo que ahora se trató del fallo que dejaba libre al procesado. Ante el alcance del seguimiento mediático que ha tenido el asunto, para muchos resultó poco creíble que dicho proceso no estuviera monitoreado por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
En los hechos, las personas juzgadoras de primera instancia son adscritas a los juzgados con el visto bueno del titular del Poder Judicial de Oaxaca. Señalan que, también, sería causa de responsabilidad si se asume que fue notoria ineptitud u omisión grave.
Es el descuadre de estos hechos que ha llevado a los colegas abogados a interpretar que la aberrante reacción se debió a que, nuevamente, pudo haber observación alguna de la oficina de la Presidencia de la República y fue la razón por la cual se vieron obligados, por segunda ocasión, a echar marcha atrás con el acuerdo apalabrado tiempo atrás.
Primero vino el comunicado del Poder Judicial de Oaxaca, donde su titular descalificó al juez que emitió el fallo y al no haber emitido argumento alguno evidencio su desconocimiento de la causa. Lo que fue duramente cuestionado, porque anticipadamente exhibió al juzgador para que fuera objeto de un linchamiento mediático.
Enseguida, un par de horas después de que el gobernador de Oaxaca condenara el fallo y calificara al juez como “criminal”, circuló un oficio que comunicaba la anulación del fallo, la reposición del procedimiento y que el procesado no saldría de prisión. Lo dictaba una nueva juez que fue designada en sustitución del que en ese momento se daba a conocer había sido suspendido.
Bajo este contexto, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, fue aporreada en redes sociales con calificativos de “sumisa”, “cobarde”, “sin carrera judicial”, “sin criterio”, “postura ofensiva”, “marranada”, desconocimiento del contenido de la causa penal y de las actuaciones del proceso, de condenar sin pruebas, de no respaldar las resoluciones de los jueces de la Institución que representa, de comprometer la independencia judicial, de no tener una postura imparcial y neutra, de persecutora de sus propios jueces al ordenar que sean investigados por no compartir el criterio de sus sentencias, de haber obtenido el cargo de magistrada y presidenta por “simpatías políticas”, incluso, hubo quien le exigió que desista o renuncie al cargo. Entre otros calificativos. (https://www.facebook.com/share/p/NaavXYZN9NTS2iHC/?mibextid=WC7FNe)
Pasaron varias horas para que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, saliera a dar una explicación a medios nacionales y locales de lo que llevó a la jueza sustituta a revocar el fallo de libertad emitido por el juez suspendido, sin pasar por la segunda instancia. La presidenta señaló que en las leyes está prevista la medida cautelar de suspensión aplicada al juez que emitió el fallo de libertad, sin precisar en cual.
Algo que llamó la atención fue el auto halago que hizo del juzgado de protección a las mujeres violentadas, al asegurar que trabaja las 24 horas de los 7 días de la semana, mientras las publicaciones en redes sociales la desmentían, ya que la titular de dicho juzgado tomaba vacaciones en Huatulco.
Cuestionan colegas abogados la razón por la cual no fue la juez resolutora la que diera a conocer el porqué de su actuar, misma que hasta el momento no ha dado la cara a pesar de ser ella la que firmó la determinación de anulación del fallo de libertad.
Y por qué, si había elementos, el juez no fue suspendido antes de la audiencia de debate o de dictar el fallo, siendo que no basta la presentación de una queja para que proceda inmediatamente la medida cautelar de suspensión temporal de un juez, en términos de las disposiciones establecidas en el Acuerdo General 67/2012 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca, que regula el procedimiento de responsabilidad administrativa. Con mayor razón cuando el juez ha dictado el fallo al concluir el debate, porque se da una afectación grave al interés público al doblegar el principio de seguridad jurídica.
Finalmente, los colegas abogados señalan que en la víspera de discusión en el Pleno del Congreso Federal del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales sobre la reforma judicial, que ya circula, bastaron 7 meses y días para que el Poder Judicial de Oaxaca se hundiera en una crisis atroz, se convirtiera en el “hazmerreir” de la comunidad jurídica nacional e internacional, en un tianguis, en una comparsa de ocurrencias, en un andar en campaña permanente, en nombramientos de juez por dedazo mediante una convocatoria cerrada, en nombramiento de juez a su secretaria particular cuya trayectoria es desconocida, en amenazas, persecución y exclusión a juezas y magistrados que no actúen conforme a los interese de la presidenta. Se preguntan: ¿es el “modelo de impartición de justicia” que no viene, sino que ya llegó para quedarse en Oaxaca? Vaya “transformación” prometida al pueblo “bueno y sabio”.
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*Presidente del Foro Permanente de Abogados A.C.
