Tras la mesa diálogo que se llevó a cabo entre funcionarios del Gobierno Federal y de la Secretaría de Gobierno (Sego), las autoridades estatales informaron que con el Área Natural Protegida (ANP) y la regularización de los predios, se busca proteger a los comuneros de Bajos de Coyula y Bajos de Arenal Huatulco de las grandes empresas inmobiliarias.
Al encabezar la Conferencia de Seguridad y Gobernabilidad, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, informó que en la mesa de diálogo acudieron representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus).
Así como de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Coordinación de Delegados de Paz Social de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca.
Hubo una protesta legítima de los ciudadanos, en ese sentido dialogamos respecto al aviso de la CONANP para decretar 2 mil 800 hectáreas de áreas protegidas en estos asentamientos y así lograr que haya ordenamiento y certidumbre en la posesión de tierras”.
Romero López destacó que, con estas acciones se busca que los posesionarios históricos se les va respetar sus tierras.
Lo que se pretende es que este territorio esté protegido y que nadie sea despojado”.
Advirtió que, en algunos casos sobre las manifestaciones y oposiciones que han surgido en torno a este tema, obedece a intereses de las empresas inmobiliarias que pretenden asentarse en esta zona.
No está cerrado el capítulo, estamos en un diálogo, invito a los habitantes que avancemos, nada se hará a sus espaldas, no hay necesidad de bloquear o cerrar el aeropuerto porque si de algo vive Huatulco es la prestación de servicios turísticos y la pesca, por eso no podemos mandar una señal de atentar contra una instalación estratégica”.
Expuso que, de permitir que las tierras sean comercializadas o vendidas a empresas o particulares, se corre el riesgo de otras prácticas como ocurre en otros estados en donde los comuneros son desplazados y después los emplean los grandes corporativos con salarios raquíticos “y lo que era de ellos terminan en manos de empresarios y extranjeros”.
Se hizo un poco de ruido por este caso, pero está alimentado por intereses de inmobiliarios, hay nueve empresas que ya compraron algo que no era factible de comprar porque son áreas protegidas y federales, no estamos en contra del desarrollo y pueden hacerlo en otro lado”, apuntó.
