Menores de edad, a los que la administración estatal ha identificado principalmente como provenientes de Chiapas y que están inmersos en una presunta red de explotación infantil, deambulan en el centro de la ciudad de Oaxaca para ofrecer productos varios, desde bolsas y ropa de maquila hasta dulces o cigarros. Muchos de ellos acompañan a sus padres o familiares, pero con mochilas a cuestas en las que se observa que llevan una pesada carga de productos.
Este jueves, la Secretaría del Trabajo estatal señaló que se detectó una probable red de explotación infantil en la capital del estado y en la que podrían estar utilizados unos 150 menores. Además de que por este caso y junto con la procuraduría del sistema DIF estatal interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue.
El conocimiento de esta denuncia se da a casi cuatro meses de que el gobierno estatal y el municipal señalaron que en el comercio en vía pública existe el “halconeo”. Es decir, la presencia de informantes que advierten a los vendedores ambulantes de los operativos de policías e inspectores e interfieren en ellos. Incluso, dijeron que entre esos “halcones” estaban siendo utilizados menores de edad.
Asimismo, la denuncia se da a conocer luego de que en mayo el ayuntamiento acordó crear una comisión municipal interinstitucional para prevenir y erradicar el trabajo infantil. Aunque para entonces desconocía cuántos menores están en esa situación.
La denuncia también se informó en esta temporada de vacaciones y de arribo de miles de turistas a la ciudad, quienes al igual que la población local son abordados por infantes que les ofrecen dulces, rebozos, bolsas y demás productos. Algunos como artesanías o productos de maquila que simulan ser artesanales. Debido a los operativos del estado y el ayuntamiento, su presencia se ha limitado en el zócalo y en la Alameda, aunque sí se observa mayormente en los alrededores del templo y ex convento de Santo Domingo de Guzmán y en el andador turístico.
Sobre el trabajo infantil, el halconeo y la posibilidad de explotación infantil, la activista Yesica Sánchez Maya, de la organización Consorcio, ya había advertido de que se debe a que las autoridades de los diversos órdenes no han garantizado los derechos de la niñez y adolescentes. Asimismo, que ha faltado una coordinación entre estas para revisar los casos y hacer trabajo social, tanto del gobierno estatal como del municipio y de la Fiscalía General del Estado. Esto para verificar las condiciones de las infancias que laboran.
Seguramente habrá casos de condiciones de pobreza, pero tienen un núcleo familiar, pero que este núcleo tenga condiciones de violencia. Sí toca desdoblar una política de estado que impacte en los municipios”, apuntaba en abril.
Aunque también llamó a no criminalizar a la niñez y adolescentes luego de los dichos de más autoridades sobre las actividades de “vigilancia” o “halconeo” en el comercio en vía pública.
