Tania G. C., quien presuntamente defraudaba con venta de plazas de gobierno, fue llevada ante un juez de control mediante la ejecución de una orden de aprehensión.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) se dio cumplimiento a un mandado judicial contra esta mujer, por el delito de tráfico de plaza dentro del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
Ayer, en audiencia el juez de control calificó como legal la detención de Tania G. C. y enseguida el ministerio público le imputó el cargo, cometido el 13 de octubre del 2022.
Según la causa penal correspondiente, la ahora detenida ofreció a la víctima la posibilidad de obtener una plaza laboral en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO) a cambio de un pago superior a los 300 mil pesos.
Luego de este primer encuentro, la denunciante fue enganchada y posteriormente el 17 de octubre de 2022 entregó dinero en efectivo, así como la documentación que le habían solicitado para iniciar los trámites de la supuesta plaza; asimismo, el 21 de octubre del 2022 hizo el segundo pago al recibir el supuesto oficio de adscripción.
Después de esa fecha, la víctima perdió contacto con la mujer a la que había entregado el dinero y la documentación por lo que decidió acudir al Tribunal Superior de Justicia donde corroboró que era un engaño.
Tras recibir la denuncia, la FGEO tomó conocimiento del caso e inició las investigaciones a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales logrando obtener una orden de aprehensión contra la probable responsable, la cual fue ejecutada por elementos de la AEI del sector metropolitano, quienes la llevaron ante el juzgado correspondiente.
Luego de presentar los datos de prueba aportados por la FGEO, el juez evaluó el expediente y calificó como legal la detención, imponiendo prisión preventiva justificada, además de que se solicitó la vinculación a proceso y se le otorgó un plazo para la celebración de la audiencia de duplicidad en la que se determinará su situación jurídica.
La Fiscalía da a conocer que la venta de plazas laborales en el servicio público constituye un delito, por lo que evitar este tipo de prácticas ayuda a prevenir la comisión de esta clase de conductas criminales.
