La Corte Mexicana ha dicho que el establecimiento de un porcentaje por concepto de interés moratorio sobre rentas adeudadas (pena convencional), dentro de un contrato de arrendamiento, no puede ser examinado para determinar si existe o no usura, pero sí bajo el concepto genérico de lo que debe entenderse como alguna forma de explotación.
Ha explicado la usura como el hecho consistente en un interés excesivo derivado de un préstamo, esto es, cuando “una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro”.
Que entre usura y explotación resultan diferencias que dependen del tipo de contrato. “Para la explotación, tratándose de operaciones contractuales, es necesario que se actualice una afectación en la dignidad de la persona abusada”. Esto es, que la obtención de un provecho económico debe causar afectación a la dignidad de la persona.
Significa que no cualquier operación contractual puede interpretarse como explotación del hombre por el hombre, “ya que dicha categoría está reservada a casos graves en los que no sólo se obtiene un provecho económico o material, sino que también afectan la dignidad de las personas, los cuales pueden considerarse como casos de explotación prohibidos por el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
La Primera Sala de la Corte Mexicana ha dicho que una afectación a la dignidad humana se da dentro de una relación material desigualdad y dentro de un contexto de sometimiento y dominación patrimonial. “Exceso o desproporción en las prestaciones y contraprestaciones económicas de cualquier negocio jurídico”.
Así, en el caso de los intereses moratorios, penas convencionales u otra estipulación dentro del contexto de un contrato de arrendamiento u otros que no sean de préstamo, que se establecen para compensar los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato, estos se rigen y determinan “por los límites que impone la normativa civil” cuando se califiquen de excesivos pero no se afecte directamente la dignidad de la persona, pero se deben examinar bajo el concepto de explotación prohibida cuando se advierta que las contraprestaciones no corresponden “en valor ni con la función que desempeñan dentro del negocio jurídico” y generen un abuso o “provecho económico excesivo para una de las partes en perjuicio de la otra”.
Significa, que en México un abuso patrimonial consecuencia de la ignorancia, inexperiencia, miseria o necesidad, dentro de un acto jurídico celebrado, puede controlarse con los límites contenidos en el Código Civil (local o federal) y con los criterios jurisprudenciales de la Corte Mexicana y de la Corte Interamericana, dependiendo de que el lucro o prestación desproporcionada que se identifique afecte o no a la dignidad de la persona humana.
Recientemente, la Primera Sala de la Corte Mexicana ha subrayado la obligación que tienen juzgadores y juzgadoras de observar esta doctrina que ha sido omitida reiteradamente, dado que cuando se emiten sentencia en juicios de arrendamiento se concretan a excluir del análisis el tema de usura, conforme a la jurisprudencia existente, y dejan de examinar y verificar correctamente si se está ante un caso grave donde se ejerce alguna forma de explotación.
(Amparo Directo en Revisión 7997/2023).
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*Presidente del Foro Permanente de Abogados A.C.
