Siempre he defendido la idea de que el gran calado de una reforma a la función judicial está en los poderes judiciales locales.
Es en los juzgados de primera instancia y en los Tribunales Superiores de Justicia donde se dirime la infinita mayoría de la conflictiva interpersonal.
Son los poderes judiciales de los estados los que de primera mano atienden al pueblo y es en ellos en lo que se califica la calidad de la justicia que el propio pueblo percibe.
Ahí debían, en mi opinión, encaminarse las grandes reformas constitucionales y legales.
La función jurisdiccional es una. Solo se dividen sus competencias entre la Federación y los estados.
Pero nuestro diseño institucional y la práctica los hacen parecer dos entidades distintas y hasta antagónicas.
Y ello es así porque el Poder Judicial de la Federación se ha convertido de facto en el gran Poder revisor de las decisiones que toman los poderes judiciales de los estados.
Además, las diferencias presupuestales y de prerrogativas laborales son abismales entre el Poder Judicial Federal y los locales; e incluso entre los propios estados del país.
Consideró que el gran tema de fondo debe ser el Federalismo Judicial.
No digo nada nuevo ni nada que nadie sepa, si afirmó que nuestra República federal se parece cada vez más a una república centralista.
Y la concentración del poder por la que votó el pueblo de México afianza esa realidad.
Cada vez más las decisiones se toman desde el centro del país, y cada vez más desde ahí se define el destino de los dineros públicos.
La presidenta electa tiene en sus manos la posibilidad real de devolverle a México su esencia republicana de un país compuesto de estados libres y soberanos, fortaleciendo y garantizando el respeto pleno a su régimen interno.
Voy a escribir esto, no sin irritar y encrespar a más de uno: el amparo casación debe desaparecer y las entidades federativas deben volver a ser las dueñas de la última palabra en sus decisiones judiciales.
El propio presidente López Obrador ha insistido más de una vez y a propósito de varios temas en su lógica de tratamiento de los problemas: de abajo hacia arriba; excepción hecha del combate a la corrupción respecto del cual ha dicho que las escaleras se barren de arriba a abajo.
La segunda necesidad imperiosa es la garantía constitucional de un porcentaje mínimo del presupuesto de los estados para los poderes judiciales locales, porque el origen de la independencia y la imparcialidad más allá de la ética profesional, es la ética presupuestal.
Y la tercera gran reforma debía ser la carrera judicial y la profesionalización y actualización permanentemente acreditada para los integrantes de la Judicatura y la magistratura.
Sobre esta buena base podrán venir, sin duda, más cambios que ponen a la reforma al Poder Judicial de la Federación en segundo plano.
Estamos ante la oportunidad histórica de que los estados del país dejen de ser tratados como menores de edad o como instituciones con discapacidad.
*Magistrado de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
