Mucho sonó esta semana la aprobación en la Cámara de Senadores de la propuesta de reforma a la Ley de Amparo sobre las limitaciones a las suspensiones que las y los jueces pueden otorgar en dichos procesos.
Es un tema sumamente técnico. Es difícil comunicar ideas que están diseñadas desde el principio a ser inaccesibles para la vasta mayoría. Pero en términos muuuuy generales, resulta que se aprobaron reformas para que en los procesos de defensa de los derechos humanos de las personas ya no proceda en todos los casos las llamadas suspensiones provisionales y definitivas.
¿Qué son éstas? Pues el freno a la autoridad para continuar una acción que puede dañar los derechos humanos de la población (para una mejor y más amplia explicación en lenguaje accesible, escuchar a Carla Escoffié acá: https://tinyurl.com/4b4kw3ur).
Y tal como lo explica Escoffié, esta reforma —que todavía no está firme pues tiene que ser aprobada por la Cámara de Diputados—resulta eliminar restricciones al ejercicio del poder y quita protecciones para la población cuando sus derechos más básicos son
Este tema es de gran importancia para la defensa de los derechos de todas, todos, todes. Pero, esa idea de la justicia, nos queda muy lejos a la mayoría. Algunos señalan que esta reforma solo afecta a los ricos, pues es que principalmente es este sector —no tan burdamente puesto, sino a las clases con mayor poder adquisitivo—, quienes se ven afectados por estos cambios.
No obstante, existen miles de casos de personas que no pertenecen a ese grupo y que han logrado protección ante arbitrariedades o daños irreversibles. Desde el derecho a un medio ambiente sano al derecho a la salud; el derecho a la vivienda y el derecho al reconocimiento a la identidad propia. Miles de personas han logrado defender sus derechos gracias a este tipo de mecanismos jurídicos.
Pero resulta tan lejano para la mayoría que este tema no tiene los reflectores que merece. Y es por ello que más allá de pensar en esta reforma, debemos reflexionar de manera colectiva en el sistema de justicia en su conjunto.
Es imperativo generar diálogos sobre lo oneroso e inaccesible que es para la mayoría de las personas hacer valer sus derechos y criticar al mismo tiempo las iniciativas que promuevan menos restricciones para la autoridad —como en esta reforma que se acaba de aprobar—.
Pero la justicia está tan lejos para la gran mayoría que ni es tema de prioritario en la agenda pública. Hay una deuda grande que zanjar en esa materia desde hace sexenios. Abrir el poder judicial al populismo agravaría la situación. Hay que pensar en colectivo y a fondo. Es necesario repensar las leyes y las justicia, iniciando por reconocer que lejos están de ser sinónimos.
@GalateaSwanson
