Organizaciones de la Sociedad Civil en Oaxaca urgieron al Gobierno del Estado a abrogar el artículo 25 de la Ley de Ingresos 2024, así como el programa denominado “Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio”.
El Centro Profesional Indígena de Asesoría Jurídica, Defensa y Traducción, A.C. (CEPIADET), Educa y decenas de organizaciones consideraron “un crimen en contra de la propiedad social, al imponer una política recaudatoria ajena a los pueblos”.
Por lo cual, llamaron a los pueblos indígenas, comunidades agrarias, ejidos, organizaciones de la sociedad civil, y al pueblo en general a movilizarse hasta la derogación de la política recaudatoria que atenta contra nuestra propiedad social.
De igual manera, las ONG, convocaron a promover medios de defensa legal ante los tribunales competentes, combatiendo la Ley de Ingresos 2024, en la parte que afecta la forma de organización social y propiedad colectiva.
Revelaron que en el artículo 25 de la Ley de Ingresos para el próximo ejercicio fiscal, se plantea otorgar estímulos fiscales a los beneficiarios del programa de certeza jurídica de la seguridad y bienestar del patrimonio, incorporando a la propiedad privada los predios ejidales y comunales que han adoptado la certificación de derechos agrario bajo la modalidad de dominio pleno y que, no han regularizado la inscripción en la base catastral y ante el Instituto de la Función Registral.
La pretensión del gobierno, de incrementar la base recaudatoria por pago de derechos catastrales y registrales, demuestra claramente el desconocimiento de la realidad de las comunidades agrarias, comunidades indígenas y núcleos ejidales, aun cuando se identifica como un gobierno de territorio y no de escritorio, señalaron.
Expusieron que visitar los 570 municipios en el estado, no significa conocer la realidad y el contexto social de las más de 10 mil comunidades que coexisten en Oaxaca, formas de gobierno y organización ancestral reconocidos en el artículo 2º Constitucional y los artículos 4, 5, 6 del Convenio 169 de la OIT.
Afirmaron que el decreto publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado, de manera directa socaba la base de la propiedad social máxime, de manera expresa manifiesta su pretensión de incorporar a la propiedad privada los predios ejidal y comunal.
