La Unión de Comunidades de la Sierra Juárez (UCOSIJ) va al amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la pretensión del gobierno del Estado de Oaxaca de gravar las tierras ejidales y comunales y el riesgo de su privatización.
Entrevistado al respecto, el presidente de la UCOSIJ Artemio Aquino lamentó que el actual gobierno del estado no haya efectuado ninguna consulta previa e informada con las comunidades indígenas.
Fue una ley al vapor y ahora van a ver las consecuencias, porque a todas luces hay preocupación por lo que los diputados locales aprobaron a ciegas y por no mover ni una sola coma de lo que recibieron por parte del Ejecutivo”, alertó.
Recordó que el pasado 6 de diciembre, el Congreso del Estado de manera precipitada aprobó la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2024, que en su artículo 25 incorpora el Programa de Certeza Jurídica de la Tierra para el Bienestar para la Seguridad y Bienestar del Patrimonio, y dispone apoyar a los beneficiarios del programa con estímulos fiscales relacionados con los artículos 25 fracciones I y II, 35 fracción 1, 44 fracción I y 47 fracción X de la Ley Estatal de Derechos.
Expuso que la ley de ingresos ponen en riesgo las más 7 mil 200 millones de hectáreas de los 853 ejidos y 735 comunidades agrarias del estado de Oaxaca.
Reiteró que la aprobación de la ley de ingresos 2024, causó molestia e inquietud entre los núcleos agrarios, por la falta de sensibilidad de las autoridades locales al impulsar algún tipo de estímulo fiscal para tener lo que llama un “presupuesto de corte social”.
Lanzó que en realidad se trata de una política de corte neoliberal ya contenida en la Ley Agraria de 1992, para fomentar la privatización del suelo social y los territorios, mediante el uso de términos como regularización de la tenencia de la tierra y adquisición del dominio pleno, que el PROCEDE, el FANAR y hoy el RRAJA no han logrado imponer.
Dijo entender que el crecimiento desordenado de las manchas urbanas y los asentamientos humanos irregulares, requieran este tipo de políticas públicas, “pero se debe tener cuidado cuando las tratan de extender a la ruralidad; porque es obvio que la organización económica de los núcleos agrarios requiere de estímulos, pero para el desarrollo territorial rural y el desarrollo social, no para la privatización y desaparición del ejido y la comunidad”.
Por lo cual lanzó un extrañamiento al Congreso del Estado y a los representantes populares de los diversos partidos políticos, principalmente de Morena, PRD y PT quienes dicen defender las causas del pueblo.
Alertaron que en caso de continuar el gobierno con dicho ejercicio se pone en riesgo la estabilidad social de las comunidades indígenas y pueblos, al pretender la privatización de las tierras, “vamos a la Controversia Constitucional”.
