La respuesta es: NO.
El pago de las pensiones está garantizado por ley, y es el gobierno el que inexcusablemente está obligado a garantizar que ningún pensionado deje de cobrar su pensión, pase lo que pase.
Por mandato del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, esta semana asumí la representación del Poder Judicial de Oaxaca en el Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones.
Ese Consejo, como órgano máximo de decisión, lo integramos representantes de los poderes del estado, de los trabajadores y de los pensionados, quienes nos reunimos periódicamente para conocer el estado que guarda el fondo de pensiones, así como para aprobar nuevas solicitudes, préstamos y otras cuestiones que son prerrogativa de los trabajadores al servicio del estado.
La pregunta que formulé de inicio flota permanentemente en el ambiente y hace que los pensionados vivan en zozobra constante esperando noticias de que su pensión se va a dejar de pagar.
Si bien, es cierto esto no va a suceder, ello no indica que no represente un problema.
Porque nuestro fondo de pensiones está en déficit desde hace varios años y lo que falte para pagar puntualmente las pensiones lo tiene que cubrir el gobierno bajo la figura de aportaciones extraordinarias.
Es decir, adicionalmente a lo que el gobierno aporta al fondo de manera ordinaria, la ley le obliga a pagar otra cantidad para completar lo que haga falta para que nadie se quede sin su pensión.
El asunto es que cada año hace falta más dinero para completar y ese dinero no puede salir de otra parte que no sea el presupuesto general.
Para este 2023 ya estamos hablando de más de mil millones de pesos que los legisladores han tenido que quitar de otras partidas y no hay manera —si no se toman otro tipo de medidas— de que los próximos años esta cantidad sea igual o menor. Siempre será mayor.
Por eso si dejamos hacer y dejamos pasar, seguiremos en un callejón sin salida cuyo único desenlace posible será que algún día todo el presupuesto del estado sirva sólo para pagar pensiones.
Y es que la pirámide de edad desde hace algunos años se está invirtiendo y estamos en camino a convertirnos, como sucede ya en Europa, en sociedades viejas compuestas de una mayor cantidad de trabajadores retirados que irán sobre los hombros de una minoría de trabajadores en activo que no podrán cargarlos por mucho tiempo.
Independientemente de las propuestas actuariales que se hagan desde el gobierno, para ser consensuadas con los trabajadores deben ir precedidas por un gran esfuerzo de comunicación y explicación en lenguaje claro y con verdad.
No hay manera de que los trabajadores dimensionen la gravedad del asunto, si no seguimos ese camino.
¿Y por qué hablo específicamente de los trabajadores? Porque la solución a este grave problema también pasa por sus manos.
Pero vivimos en un entorno público en donde la autoridad, especialmente los gobiernos, están bajo sospecha permanente de corrupción, engaños y malos manejos.
Por ello es natural que cualquier propuesta de movimiento en las tasas de interés, por mínimo que sea, despierte la desconfianza y el rechazo de la base trabajadora del estado.
Lo cierto es que más temprano que tarde se deberán tomar decisiones a la medida del problema y en ellas todos los implicados deben asumir la parte de responsabilidad que les corresponda.
Por ello, insisto en que la clave debe ser la permanente comunicación, la información y la transparencia en el funcionamiento y administración del fondo.
*Magistrado de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
