Lo que está pasando en Nuevo León es, no solo inédito, sino inaudito.
Para entenderlo en su justa dimensión debemos estar conscientes de que en México se ha normalizado el hecho de que la política esté por encima de la ley.
Y de esto somos responsables todos.
Como sociedad no acabamos de entender que los presidentes, los gobernadores, los congresos y los poderes judiciales no se mandan solos.
Nadie puede hacer lo que sus impulsos personales o su voluntad política les mande, ni siquiera invocando la legitimidad que el voto popular les ha dado, en el caso de los primeros.
Vivimos en un permanente déficit de cultura jurídica y aún en uno más profundo de cultura constitucional.
Hace falta repetirnos diariamente eso que se preguntaba mi amigo, el Dr. Luis Octavio Vado Grajales recientemente en las redes sociales y que ya se había preguntado Ferdinand Lasalle en su texto de 1862: “¿Qué es una Constitución?”
Cuando Juan Jacobo Rousseau nos regaló su teoría del Contrato Social le estaba dando su simiente a nuestro constitucionalismo, porque el acuerdo de voluntades que subyace a ese Contrato Social, se expresa en las Constituciones.
Por eso las Constituciones son, antes que cualquier otra cosa, pactos. Reglas mínimas de convivencia política acordadas -en el caso de México- por sus entidades federativas en aras de dar vida a una entidad superior que les brinde protección y mejores posibilidades de bienestar material y prosperidad.
En ese pacto, van contenidas las reglas mínimas de qué le toca a cada quien: al ejecutivo, al legislativo y al judicial.
El diseño es claro e infalible. Y bajo su óptica puede entenderse perfectamente qué pasa en Nuevo León y cuál debe ser el desenlace natural y esperado.
Sin embargo, él Derecho siempre se estrella con la política. Es la expresión más inmediata que tenemos de la distinción filosófica entre el mundo del ser y el del deber ser.
La política es lo que es; y el derecho es lo que debería ser.
México ha devenido cada vez más en un unipersonalismo político, que nos hace más reacios a la necesaria y saludable institucionalidad.
Cuando Juárez dijo que los hombres no son nada y los principios lo son todo, nos estaba dando el primer mandamiento de nuestro decálogo político.
La realidad es que hoy las personas mandan, incluso por encima de normas e instituciones, y ello entroniza la proclividad de politizar la justicia y como lo estamos viendo en Nuevo León, de judicializar la política.
Lo de ahí es una crisis constitucional que deben resolver primero, el Poder Judicial de Nuevo León mediante sus instrumentos de Justicia Constitucional Local y en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación que como Tribunal Constitucional está obligada de preservar el federalismo y la salud del sistema federal.
Los nombres, los colores y las estridencias del discurso político deben salir sobrando, y los medios de comunicación deben acudir a los expertos, a los abogados constitucionalistas que con la única y superior legitimidad de la argumentación y la interpretación constitucional pueden dar luces al pueblo de México sobre lo que correcta y convenientemente debe pasar en adelante en Nuevo León para que los demás estados de país pongan sus barbas a remojar.
*Magistrado de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca
