Con más de una veintena de observaciones, representantes de diversas organizaciones sociales rechazaron la nueva ley en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, la cual aseguraron que crea vacíos legales, los desampara y deja de nombrarlos como personas sujetas de derechos.
Entre estas deficiencias de la nueva Ley, señalaron el “no reconocimiento de las niñeces y adolescencias indígenas o afromexicanas conforme al pluralismo jurídico y la ausencia de un nombramiento multicultural de acuerdo a los pueblos y comunidades indígenas en Oaxaca”.
También señalaron la falta de lenguaje incluyente y no sexista, que, por su contrario se incluyen dentro de la ley términos retrógrados como “infantes”, que violentan la autonomía y dignidad de las infancias y adolescencias, menospreciándoles desde una visión adultocentrista y de asistencialismo.
“En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos es urgente dejar estigmas y caer en la realidad, las niñeces y adolescencias son personas que deben estar correctamente informadas de su sexualidad y de la mano, con sus derechos para la detección, prevención, atención médica y la orientación en casos de infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados e incluso, de violencia sexual”.
En cuanto a la legislación en protección de la violencia en niñeces y adolescencias, expusieron que la ley contempla únicamente unos cuantos tipos de violencia, dejando de lado el acoso o bullying cibernético si no incluye contenido sexual, así como los efectos en el desarrollo sexual y psicoemocional que involucra haber sobrevivido ante una violencia sexual.
“Sobre la explotación infantil cabe resaltar que el trabajo infantil no existe, sino se trata de trabajos de personas adultas que utilizan a las niñas, niños y adolescencias y les emplean en alto nivel de explotación y discriminación. Dicha Ley lo denomina de manera incorrecta, válida, justifica y legitima su existencia”.
En materia de Crianza y Familia, “la ley olvida completamente la existencia de otros modelos de familia más allá del tradicional; establece una postura conservadora de derecha y cierra el paso a la diversidad de familias”.
Entre otros aspectos, las organizaciones como Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Canica, Calpulli, entre otros, destacaron que la nueva Ley “tampoco obliga al estado contrarrestar el uso de juguetes bélicos en las niñas, niños y adolescencias”.
“Sin hacer un estudio de impacto presupuestal, sin haber hecho las reformas correspondientes a la ley de DIF, se le atribuye al Sistema DIF Estatal la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en general, contraviniendo el mandato y alcance de dicha institución, pues dicha institución no tiene ni el enfoque ni la capacidad operativa ni financiera para llevar a cabo las atribuciones excesivas que hizo la ley, generando un colapso pues no define tampoco en los transitorios qué pasará con los bienes, personal y presupuestos emanadas de la Ley anterior”.
