Debido a la instalación de una gasolinera sobre el ducto antiguo que surte de agua potable a la capital, el proceso legal que interpusieron vecinos de la zona habitacional Brenamiel, para la cancelación de dicha empresa, continúan vigente.
Desde el mes de agosto la empresa gasolinera fue suspendida por un juez federal, al considerar que los tanques de combustibles se construyeron sobre un ducto de agua potable de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO).
Esta situación ha generado diversas opiniones entre la ciudadanía, pues desde la edificación de dicha empresa los colonos de Brenamiel se opusieron por la cercanía de escuelas, zonas habitacionales y especialmente por el ducto de agua que pasa por debajo del predio donde construyeron los tanques de almacenamiento de combustible.
Aunque la principal demanda de los vecinos es el cambio de trayecto de la tubería antigua, desde 2011 la administración estatal que encabezó Gabino Cué Monteagudo, construyó una nueva línea de conducción de agua potable.
El proyecto denominado Nueva Línea de Conducción San Agustín-Cárcamo Tecnológico, tuvo una inversión de más de 80 millones de pesos y sustituiría la antigua tubería, pero a más de seis años de su inicio sigue siendo un elefante blanco bajo la tierra.
La nueva tubería se encuentra en las orillas de la carretera federal 190, a unos 100 metros de la zona donde la empresa gasolinera construyó sus tanques de almacenamiento.
De acuerdo con José Manuel Ángel Villarreal, representante de los vecinos en 2015, Protección Civil dictaminó que no se podía construir la gasolinera en ese lugar, porque “existe una probabilidad latente de contaminación del agua potable, lo que deriva en una amenaza sanitaria ecológica de riesgo alto para la población”.
Expuso que previo a la operación de la gasolinera existen resoluciones de tres autoridades locales y resoluciones de tres jueces que prohibían construir la gasolinera y “que también prohibían que entrara en funcionamiento, como consta en dictámenes y resoluciones oficiales”.
Por el momento, el proceso legal continúa, en tanto la empresa se vio obligada a cerrar sus puertas por la orden de un juez federal.
