- Carmen García Bermejo y Thelma Gómez Durán / Quinto Elemento Lab en colaboración con EL IMPARCIAL
—¡No voy a renunciar! —alzó la voz el arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez. Sus palabras sorprendieron a Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y a sus compañeros presentes en al auditorio del Museo Regional de Puebla.
Tomo la palabra para manifestarle mi desacuerdo con las decisiones que usted ha tomado”, le dijo al director general del INAH, según se puede escuchar en un video de menos de dos minutos subido a redes sociales, al que colocaron el título de “Encara Ambrosio Guzmán a director general del INAH: ‘Me opongo a renunciar por denunciar la corrupción en Puebla’”.
Aunque el audio es de muy mala calidad y no registra todos las palabras del arquitecto, se alcanza a escuchar su exigencia de que se investiguen los actos indebidos que atestigüó en el Centro INAH Puebla y también su mención a una carta que envió a Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Casi dos años después de esa reunión, el arquitecto Ambrosio Guzmán recrea en entrevista el momento en que tomó la palabra: “Me volteo y le digo (a Diego Prieto Hernández) ‘¡No voy a renunciar!’. Algunos empezaron a defenderme, una arqueóloga se levantó y me acusó de que yo la acosaba… Ya todo era un desorden. Yo me salí y me fui”.
Guzmán Álvarez no firmó su renuncia. Salió del INAH hasta el vencimiento de su contrato, un par de meses después.
ANTECEDENTES
Apenas comenzaba 2019 y el arquitecto Guzmán Álvarez estaba entusiasmado. No era para menos. Estrenaba nombramiento: era el nuevo director del Centro INAH Puebla. Tan emocionado estaba que convocó a un grupo de reporteros para decirles que su objetivo era hacer cumplir las normas y salvaguardar el patrimonio del estado de Puebla. Su misión la resumió con una frase: “Combatir lo que está mal”.
El arquitecto confiaba en que lograría su propósito porque la persona que lo invitó a asumir la dirección del Centro INAH Puebla fue Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente y a quien conoció años atrás en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
Guzmán Álvarez aún no tenía idea de lo que enfrentaría. De entrada, tuvo un mal arranque: la información que dejó su antecesor era parcial y con muy pocos datos sobre los avances del Programa Sismos 2017.
El nuevo director del Centro INAH se propuso destrabar las labores de restauración de los inmuebles afectados por los terremotos, que en esa fecha, enero de 2019, apenas si avanzaban, aunque en muchos casos se encontraban paralizadas.
El desafío era enorme: el patrimonio histórico de Puebla fue uno de los más afectados por los terremotos de septiembre de 2017, en especial por el registrado el día 19, cuyo epicentro se ubicó en los límites de ese estado y Morelos.
EL RETO
De los 2 mil 340 inmuebles históricos y arqueológicos que sufrieron daños en el país, 621 se encontraban en Puebla; y de ellos, 127 con daños catalogados como severos.
Entre esos inmuebles están joyas arquitectónicas del siglo XVI, como los ex conventos de Calpan, Tochimilco y Huejotzingo, considerados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco debido a su valor histórico y cultural. También se encuentran el Templo de la Merced, en Atlixco; o la Casa Colorada, en Izúcar de Matamoros, por ejemplo.
El paso de los meses le iría mostrando al entonces director del Centro INAH Puebla que enfrentaría una terrible burocracia, malas decisiones, procedimientos equivocados y discrecionales, improvisaciones, omisiones, intereses enquistados y una cadena de irregularidades que se arrastraban desde antes de los terremotos de 2017.
Poco tiempo después de su nombramiento, el arquitecto Guzmán Álvarez buscó a Diego Prieto para informarle sobre lo que sucedía con el proceso de reconstrucción en el estado. Quería decirle que las cosas no caminaban bien. Lo hizo, pero no pasó nada. Todo siguió igual.
Una de las anomalías detectadas en el proceso de restauración de los inmuebles afectados por los terremotos es que ante el caos y la magnitud de la catástrofe, la normatividad se hizo a un lado. Lo importante para la Dirección General del INAH era mostrar que algo se hacía sin importar cómo, por qué y si se hacía bien o mal.
La presión que ejerció el director general del INAH para que se reportaran avances en las obras originó que se multiplicaran las anomalías administrativas.
Los centros estatales del INAH cuentan con arquitectos peritos que legalmente tienen como responsabilidad supervisar que las restauraciones no dañen ni modifiquen la arquitectura original de los inmuebles construidos entre los siglos XVI y XIX.
Sin embargo, no se limitaron a cumplir con esa función. Ante la emergencia, los directivos del INAH les ordenaron que “reclutaran” a cuanta empresa pudieran y que, en acuerdo con Seguros Banorte, asignaran los recursos que se entregarían para recuperar los inmuebles.
LA IMPROVISACIÓN
Los peritos, de improviso, tuvieron que convertirse en “contratistas”, elaborar presupuestos para la restauración y asignar obras a empresas sin tener conocimiento de ello, además de asumir la supervisión técnica de la intervención.
Ello provocó un desbordado desaseo en el proceso. Nunca se hizo una asignación de obra, ni un concurso, ni una junta de aclaraciones.
Si se hace una auditoría a las obras restauradas con recursos de Seguros Banorte, estamos en la lona. No estoy hablando tanto de dinero, sino del procedimiento”, alerta Enrique Gámez, también perito del Centro INAH Puebla.
Puebla fue la entidad con mayor número de inmuebles afectados por los terremotos. Uno de cada cuatro de los 2 mil 340 inmuebles históricos, arqueológicos y con valor artístico que presentaron daños se ubicó en Puebla.
Eso explica que también sea el estado con más irregularidades en el proceso de restauración. Fue un proceso caótico en el que, rebasadas por todos los frentes, las autoridades dieron pie a que ocurrieran múltiples anomalías.
Desde el interior del propio INAH hubo voces que dirigieron la atención hacia las irregularidades. Una de ellas fue la de la arquitecta Rutilia Amigón, quien luego sufrió represalias laborales por hacer los señalamientos.
“Empresas” implicadas
Para esta investigación periodística, se construyó una exhaustiva base de datos a partir de respuestas a más de 115 solicitudes de información hechas a los centros INAH de los 11 estados afectados por los sismos y a diversas áreas de las oficinas centrales del instituto, así como de decenas de recursos de revisión presentados ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública.
La base de datos, construida durante meses y con corte a marzo de 2023, contiene información de los inmuebles dañados por los sismos de septiembre de 2017, las empresas o personas que se contrataron para los trabajos de restauración y el pago que recibieron por esas labores, así como el tipo de daños que sufrieron y en qué nivel se encuentra la restauración.
En Puebla, como en otros estados del país, se entregaron discrecionalmente contratos a empresas sin ninguna experiencia en restauración de inmuebles históricos, como ha sido alertado por algunos peritos, ex funcionarios y especialistas que conocen a profundidad el tema.
Entre esas empresas se encuentran Prosafi Total Consulting, Inmobiliaria 2RR, Mantenimiento y Construcciones Civiles e Industriales Namaha, Comercializadora Azteca de Puebla, Suministros Tribel y Corbelia.
Algunas de estas compañías tienen un objeto social tan amplio que pueden dedicarse a casi cualquier otra actividad, desde construcción hasta la asesoría fiscal y la instalación de escenarios para espectáculos.
QUEJA INFRUCTUOSA
El arquitecto Ambrosio Guzmán nunca recibió noticias de Beatriz Gutiérrez Müller. La carta que le envió tuvo un destino final extraño: terminó en las manos de Diego Prieto, quien, en respuesta, le pidió su renuncia.
Pero el arquitecto no cejó en su intento de que las cosas cambiaran. En septiembre de 2020, redactó tres cuartillas dirigidas al presidente Andrés López Obrador. En ellas detalla lo que vivió en el INAH Puebla y lo frustrante que era no tener respuesta a sus denuncias.
Le escribió con la esperanza de que el presidente atendiera el asunto, de que se diera por enterado de que fue cesado de su cargo “de manera injusta, por denunciar la corrupción existente en el INAH”. Tampoco ocurrió nada.
Es marzo de 2023. Han pasado cerca de tres años del día en que decidió alzar la voz y expresar su rechazo a renunciar. “Yo esperaba que sí se hiciera algo”, dice el arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez.
Su decepción es tal que ya no quiere saber nada del INAH. “Hasta le cambié de nombre. Ahora le llamo ruinah”
_________
Quinto Elemento Lab es una organización periodística independiente, sin fines de lucro, que alienta y realiza reportajes de investigación en México. Para ver la serie completa de “Patrimonio en ruinas” puedes visitar https://quintoelab.org/patrimonio-en-ruinas
