Contrata el INAH a managers de artistas y despachos fiscales para la restauración

Ante tanto derrumbe, tanto destrozo, tanta presión para responder a la tragedia y comenzar a dar resultados, se dieron cuenta de que las empresas especializadas en restauración eran pocas. 

Y tomaron decisiones que tendrían un impacto negativo en el proceso: dieron luz verde a la contratación de empresas que muy poco sabían de arquitectura de los siglos XVI al XIX y cuyos giros mercantiles van desde la representación de artistas hasta la comercialización de productos antiflama. 

El problema con estas empresas improvisadas, dicen especialistas, es que desconocen cómo hacer labores especializadas. Los resultados se aprecian, por ejemplo, en el convento de Santo Domingo, en el corazón de Cuautla: una de sus dos torres quedó más chica que la otra. “Y el domo de la torre reconstruida ahora parece chupón de mamila”.

Por Carmen García Bermejo y Thelma Gómez Durán / Quinto Elemento Lab en colaboración con EL IMPARCIAL

La magnitud de los sismos de septiembre de 2017 fue demasiada para los más de 2 mil 340 inmuebles históricos y arqueológicos que resultaron dañados en 11 estados del país. No resistieron.

Tampoco los funcionarios y las autoridades encargadas de su cuidado y conservación. La dimensión de la emergencia provocada por los terremotos, tanto daño, tanto derrumbe, tanto destrozo, tanta presión para responder pronta y adecuadamente, los sepultó.

Una vez que la tierra dejó de moverse y comenzó a integrar un censo de la destrucción, las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) cayeron en cuenta de que faltaban cientos de especialistas y expertos en restauración de inmuebles construidos desde el siglo XVI, de que la estructura oficial era notoriamente insuficiente y de que restaurar los monumentos dañados tomaría mucho tiempo.

También se dieron cuenta de que necesitarían un pequeño ejército de compañías que ejecutaran los trabajos de restauración. Aún peor: que no había un número suficiente de empresas especializadas que los hicieran.

Así que los esfuerzos para recuperar el patrimonio arquitectónico histórico de México se toparían con una realidad casi insuperable: tan pocas personas y empresas no podrían hacer frente a la emergencia.

Las autoridades de la Secretaría de Cultura y del INAH hicieron entonces un registro de empresas dedicadas a la restauración de inmuebles en todo México. Encontraron que las interesadas eran pocas: apenas 400. Muy pocas si se toma en cuenta que, según datos oficiales, existen 5 millones de empresas en el país y de ellas 27 mil se encuentran en la industria de la construcción.

No sólo eso. “De esas, 20 por ciento están muy consolidadas, pero el 80 por ciento eran pequeñas y medianas empresas con (sólo) un restaurador, un arquitecto que tenía experiencia en restauración”, explica en entrevista Arturo Balandrano, ex titular de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH y hoy director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura.

Esa es una de las principales razones, pero no la única, según las autoridades, de que la recuperación del patrimonio no haya avanzado con más rapidez:

Y tampoco se trataba, según la versión oficial, de improvisar y colocar en riesgo inmuebles de alto valor arquitectónico, arqueológico e histórico para México.

Así que la lentitud en la restauración podría explicarse, además, por el alto número de edificios afectados, por la magnitud de los daños y, sobre todo, porque debían elegir con cuidado a las empresas que se contratarían.

No estamos haciendo casas ni tampoco estamos haciendo escuelas”, argumentó el arquitecto Salvador Camarena Rosales, coordinador operativo de la Oficina Sismos del INAH, creada exclusivamente para coordinar labores de restauración.

A la hora de abordar los desafíos del INAH, entre ellos el lento avance de las obras, Camarena Rosales enfatizó entonces que la falta de empresas especializadas era un problema. “¿Metemos banqueteros (compañías que hacen banquetas)?”, preguntó. Él mismo contestó: “Pues no”.

El tema de las empresas, dijo el también director de apoyo técnico de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, “es un punto muy delicado porque la honorabilidad del Instituto podía ser vulnerada a partir de que el INAH fuera el que determinara qué constructoras o qué agentes iban intervenir”.

Y por eso, señaló ante los asistentes, se diseñó un Protocolo de Atención para Muebles e Inmuebles Afectados por los Sismos de 2017, mismo que establecía que el INAH tenía dos funciones: por una parte, validar que la empresa o persona elegida tuviera un currículum “lo suficientemente sólido para hacer la intervención” y, por la otra, darle el visto bueno.

Todo bien. Excepto por una circunstancia: una revisión exhaustiva de las 380 empresas y personas físicas que recibieron contratos para restaurar el patrimonio dañado por los terremotos del 2017 muestra que la realidad ha sido muy distinta.

El equipo que realizó esta investigación periodística encontró que el INAH autorizó a un enorme número de firmas que carecían de experiencia en la materia a que realizaran la restauración de inmuebles históricos y arquitectónicos.

Muchas de ellas se dedicaban a la construcción, pero su especialidad era la edificación de casas y oficinas, perforación de pozos, proyectos de ingeniería civil o pavimentación asfáltica de calles, e incluso la venta de materiales de construcción, por ejemplo.

Pero nunca habían realizado tareas de restauración de monumentos del siglo XVI o de inmuebles como el Palacio de Cortés, la catedral de San Cristóbal de las Casas, la iglesia de Santa Prisca en Taxco o la Biblioteca Palafoxiana en Puebla.

Empresas sin experiencia

Aunque nunca ha habido una explicación oficial sobre estos hechos, el INAH seleccionó también a muchas empresas dedicadas a los bienes raíces, ya fuera a su comercialización, administración, compra-venta, arrendamiento, permuta, o lotificación y fraccionamiento en general.

De hecho, esta investigación, para la cual se revisaron casi 200 actas constitutivas de las empresas en la página electrónica del Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía, también identificó que el INAH entregó decenas de contratos a firmas que ni siquiera se especializan en el sector de la construcción.

Sus objetos sociales son tan diversos que cuesta trabajo imaginar cómo podrían cumplir satisfactoriamente con las intervenciones especializadas en inmuebles históricos: van desde la comercialización de productos agrícolas, la contratación de artistas, la instalación y renta de escenarios para espectáculos, hasta el arreglo de parques y jardines, la operación de portales de internet, la consultoría para encuestas de opinión pública, el cabildeo o la publicidad.

Aunque la lista es muy amplia también alcanzaron contratos compañías dedicadas a comprar y vender autos, o a manejar residuos domésticos e industriales, así como a especialistas en aplicación de productos antiflama o retardantes de fuego.

El problema con todas estas empresas improvisadas en restauración, dicen los expertos consultados, es que desconocen cómo hacer unas labores tan especializadas.

Los conventos, iglesias, capillas y edificios civiles que datan de 1529 a 1699 no tienen acero, cemento ni una cimentación como los inmuebles que enseñan a construir en las escuelas donde forman arquitectos contemporáneos.

Se necesitan conocer técnicas y los materiales de construcciones antiguas para que el trabajo no dañe o altere los valores históricos y artísticos de estos inmuebles”, asegura Fernando Peña Mondragón, de la coordinación de Ingeniería Estructural del Instituto de Ingeniería de la UNAM.

Y aunque en su intervención en el seminario de septiembre de 2019, Camarena Rosales inicialmente había expresado su rechazo a la contratación de empresas improvisadas, unos minutos después el funcionario empezó a justificar lo que el INAH había ordenado hacer.

El sismo nos llevó a entender que teníamos que acompañar a las empresas que no tenían tanta experiencia y que estaban en disposición de hacer el trabajo. En muchos casos les planteamos: ‘Aunque seas banquetero, entra a hacer el trabajo, pero contrata a un arquitecto restaurador, contrata a una restauradora de bienes muebles’. Con esa condición se les daba trabajo”.

Esa política oficial tendría consecuencias.

Morelos, junto con Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México, es uno de los estados con mayor riqueza de inmuebles históricos y zonas arqueológicas, entre las que se cuentan más de una decena que son Patrimonio de la Humanidad. 

Su cercanía con el epicentro del sismo del 19 de septiembre de 2017 fue casi letal para el patrimonio en el estado: de los 259 inmuebles afectados, 122 (casi la mitad) resultaron con daños severos. 

Había que actuar a la brevedad para apuntalarlos y evitar su desplome. El INAH convocó a las empresas que quisieran “cooperar” para hacer frente al desastre. Alrededor de 30 empresas atendieron el llamado; menos de la mitad de Morelos y el resto de la Ciudad de México.

La mayoría de las empresas de la entidad no tenían experiencia en intervenir inmuebles de los siglos XVI al XIX, así que las autoridades del INAH tomaron una determinación.

“Se decidió que a las empresas sin experiencia les daríamos los inmuebles con daños menores y para las especializadas los que presentan daños moderados y severos”, precisó Camarena Rosas, hoy encargado de la Dirección de Estudios y Proyectos de la Coordinación Nacional de Obras del INAH, durante la mesa en donde se realizó un balance sobre el proceso de restauración. 

Eso no fue así: las dos empresas que recibieron mayor número de contratos para atender inmuebles con daños severos, ambas propiedad de miembros de una familia de apellidos Torres Campos, no tenían experiencia especializada, de acuerdo con la base de datos sobre contratos y empresas elaborada por las autoras para esta investigación a partir de respuestas a solicitudes de acceso a la información. 

A Socsa Constructora de Pavimentos, Pisos y Agregados SA –de la cual Javier Torres Campos es gerente–, el INAH y el gobierno estatal le han otorgado por lo menos 56 obras en capillas, templos, museos, estación de ferrocarril, conventos y un palacio municipal. Se trata del mayor número de contratos en Morelos.

Fundada en 1999, Socsa se dedica a toda clase de obras civiles, incluidas las mencionadas en su razón social, pero sin nada que ver con lo requerido por el INAH. De hecho, intervino 22 inmuebles del siglo XVI al XIX con daño severo e igual número con daño moderado.

La segunda empresa es Torreza Construcciones, a la que se le otorgaron 21 obras en total, 13 de las cuales presentaban destrozos severos.

Aunque opera desde hace tres décadas, siempre se ha dedicado a construir carreteras, calles, puentes y toda clase de obras civiles, hospitales, oficinas y edificios. Entre los accionistas de esta constructora se encuentra José Cruz Torres Campos, quien fue secretario de Infraestructura, Obras y Servicios del Ayuntamiento de Cuernavaca entre 2016 y 2018.

Entre ambas empresas recibieron 77 contratos en Morelos (22 por ciento del total) y poco más de 254 millones de pesos; es decir, uno de cada seis de los mil 820 millones de pesos canalizados a la restauración en esa entidad fueron para ellas. 

Nada mal para un par de empresas que no tenían entre sus objetos sociales el de restaurar inmuebles del patrimonio histórico. De hecho, el monto obtenido por las dos compañías representa más de la mitad de lo que recibió Escoda Técnicas de Arquitectura Monumental –una de las firmas con mayor experiencia en restauración de inmuebles históricos– por la intervención de 35 monumentos en Morelos, varios de éstos considerados como Patrimonio de la Humanidad.

Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, perito de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Morelos contratado para supervisar de manera externa los trabajos de restauración, sabe de los riesgos de que empresas como las mencionadas participen.  

Para el especialista, Socsa es una empresa que los peritos supervisan casi a diario porque incorpora trabajos desvinculados de los procesos tradicionales de restauración.

“Lo más riesgoso aquí es que esas empresas dedicadas a hacer pavimentos y caminos, como Socsa, ahora se presentan como expertas en restauración de bienes culturales y no cuentan con personal formado para recuperar monumentos históricos”, concluye Cuevas Olascoaga.

Las autoras contactaron a varias de las empresas citadas, pero éstas respondieron que un acuerdo de confidencialidad con las autoridades y la aseguradora les impedía hablar. La información sobre las empresas es pública: su objeto social y el monto de los contratos recibidos para la restauración. La responsabilidad de haberlas contratado sin que tuviesen los conocimientos técnicos requeridos es del INAH, cuyas autoridades no respondieron a las reiteradas solicitudes de entrevista hechas vía telefónica y por correo electrónico.

Algunas constructoras cumplieron con ese mínimo requisito improvisado, el de contratar a una persona con conocimientos en restauración, aunque los expertos muestran un escepticismo basado en su experiencia: 

“La gran mayoría utilizó como pantalla a muchos especialistas para ganar la licitación de la obra y, una vez que la obtuvieron, los despidieron”, destaca Cuevas Olascoaga.

La revisión exhaustiva de los contratos deja en claro que las autoridades del INAH cometieron otras irregularidades y faltas administrativas en el afán de contratar a cuanta empresa quisiera intervenir en la restauración de los inmuebles dañados. 

Por ejemplo, ignoraron las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y en el protocolo que habían elaborado, y entregaron contratos a empresas entre cuyos accionistas se encuentran funcionarios del mismo INAH, o a firmas vinculadas con los arquitectos peritos encargados de supervisar las tareas de reconstrucción. 

El artículo 51 de la Ley de Obras Públicas señala que las dependencias y entidades se abstendrán de adjudicar contratos a quienes desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

Ese mismo artículo también indica que no es posible otorgar contratos públicos a socios o empresas de las que el servidor público forme o haya formado parte “durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate”. 

Este es justamente el caso de la empresa Conservación Fractal, a la que asignaron dos contratos (julio de 2019 y octubre de 2022) por más de 10 millones de pesos (pagados con recursos del Fonden y del INAH) para restaurar el templo y ex convento de San Francisco, en Tepeyaco, Tlaxcala, de acuerdo con datos entregados a través de solicitudes e información disponible en la plataforma Compranet. 

Uno de los accionistas de la empresa Conservación Fractal es Luciano Cedillo Álvarez, quien ocupó la dirección general del INAH durante los dos últimos años del sexenio de Vicente Fox.

Cedillo Álvarez combina su faceta empresarial con la de servidor público: es restaurador perito en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH, labor por la que recibió, al menos hasta septiembre de 2022, un sueldo mensual bruto de 57 mil pesos, según información de la Plataforma Nacional de Transparencia.

El arqueólogo Rogelio Rivero Chong, quien es director de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, también fue seleccionado para restaurar inmuebles dañados por los sismos de septiembre de 2017. 

En sus declaraciones patrimoniales, el arqueólogo Rivero Chong señala que laboró en el sector privado entre el 1 de enero y el 4 de abril de 2018, prestando servicios profesionales como restaurador.  

Lo que no especifica es que funcionarios del Centro INAH Morelos lo eligieron en 2018 para realizar los trabajos de restauración de los bienes muebles del Templo de la Preciosa Sangre de Cristo, ubicado en Tlalnepantla, Morelos. Por esos trabajos recibió un pago de 504 mil pesos, recursos que fueron cubiertos por Seguros Banorte. 

Además, al arqueólogo le encargaron restaurar los bienes muebles que se encontraban en el interior de otros cuatro templos, trabajos que también se cubrieron con los recursos de la aseguradora. En total, Rivero Chong recibió 823 mil pesos directamente de Seguros Banorte, de acuerdo con los datos que el INAH entregó como respuesta a una solicitud de información. 

Rivero Chong realizó los trabajos de restauración en un tiempo récord de tres meses, periodo en el que, según su declaración patrimonial, se desempeñó en la iniciativa privada y no ejerció cargo público.

Sin embargo, los registros de información de la Plataforma Nacional de Transparencia muestran que sí trabajó en el INAH entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018, meses en los que sirvió en la zona arqueológica de Teotihuacán. 

El caso de Rivero Chong se coló por un hueco legal. La prohibición establecida en la Ley de Obras Públicas a empresas y personas físicas aplica cuando se usan recursos públicos. En este caso, a pesar de que se trata de la restauración supervisada y aprobada por el INAH de inmuebles bajo resguardo de la Federación, los recursos provinieron de Seguros Banorte. 

A pesar de que el seguro se pagó con recursos públicos, Rivero Chong recibió el dinero de la indemnización hecha por un ente privado como la aseguradora. Con ese argumento se dejaron de lado las prohibiciones establecidas en la ley.

El efecto de los sismos de 2017 se magnificó, en opinión de varios especialistas, debido a que los inmuebles carecían de un mantenimiento adecuado, por lo que las construcciones no se encontraban en las mejores condiciones cuando se sacudió la Tierra.

Arturo Balandrano, director general de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Cultura, dice en entrevista que hubo un factor adicional: los daños que registraron los inmuebles fueron consecuencia también de restauraciones que se realizaron en el pasado “con poco cuidado”. 

Por ejemplo, comenta, en esas intervenciones se utilizaron técnicas constructivas como vigas de acero y concreto en torres y cúpulas. Además, “se sustituyeron cubiertas que eran de teja y madera ligeras por bóvedas de cañón corrido de concreto. Quienes hicieron esas obras tenían la buena fe de reforzar los inmuebles, el resultado en realidad fue adverso”. 

—Ahora que se contrataron a tantas empresas que no son especialistas en monumentos históricos, ¿no se corre el riesgo de que se usen materiales que vuelvan a afectar los inmuebles?

—No, no, no… Nos hemos alejado del tema de que el presidente municipal invite a su compadre que tiene una empresa de pavimentos y se le pone en sus manos un inmueble que es patrimonio mundial. Eso es impensable y no se está haciendo de ninguna manera, en ningún caso —responde Balandrano. 

* * *

La urgencia de las autoridades del INAH para estar en condiciones de informar sobre avances significativos aunque engañosos en el proceso de restauración también llevó a anomalías diversas.   

• Varias empresas modificaron sus actas constitutivas para incorporar actividades de restauración una vez que ya habían recibido contratos. Algunas de ellas son Inmobiliaria 2RR y Constructora e Inmobiliaria Romase.
• El INAH, además, entregó decenas de contratos a dos empresas sancionadas por falsificar documentos en una licitación pública: MR Infraestructura y Publicidad y Bufete de Ingeniería y Servicios Integrales. 
• Y a otra más que el Servicio de Administración Tributaria sumó en 2020 a su lista de empresas con actividades inexistentes. Es decir, se trata de una empresa “fantasma”. Esa compañía es Fortar. El Centro INAH Tlaxcala le asignó la restauración de cinco inmuebles. En uno de ellos, el Templo de Santa Cruz Guadalupe, en Chiautempan, la comunidad asegura que ninguna empresa hizo trabajo alguno. Los propios habitantes rellenaron la grieta que atravesó el muro de la iglesia.

Las grietas que marcaron a miles de bienes inmuebles durante los sismos de 2017 abrieron muchas oportunidades de negocio. Y como ejemplo están las empresas que se crearon después de los sismos y que, sin tener experiencia en la restauración de patrimonio, también obtuvieron contratos. Algunas de ellas son las siguientes:

Fuente: Elaboración propia con información del INAH y del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía.

Una densa nube oscureció el zócalo de Cuautla, Morelos, cuando el sismo de 2017 desplomó una de las robustas torres de la Parroquia de Santiago Apóstol. 

La iglesia forma parte del conjunto conventual de Santo Domingo de Guzmán construido en 1580 en el corazón de la ciudad. Cuenta con una sola nave y una sencilla portada que remata a los lados con dos grandes torres campanario. 

Los daños que sufrió fueron catalogados como severos y una de las torres colapsó. Dos años después comenzó su proceso de restauración, pero la torre dañada nunca recuperó su estado original. Quedó “diferente”.

–Le tomaron mal la medida, no le dieron un buen acabado y la dejaron más pequeña que la otra –comenta el historiador Jaime Martínez Rivera, vicepresidente del Consejo del Patrimonio Histórico de Cuautla, un organismo ciudadano que vela por el legado cultural de la ciudad.

De hecho, dice, cada una de las torres tienen bóvedas en su remate. “Pero el domo de la torre reconstruida ahora parece un chupón de mamila”, lamenta Martínez Rivera, sobre todo porque antes de que terminaran las obras le advirtió por escrito al Centro INAH Morelos de las anomalías.

“El INAH nunca atendió la observación que hicimos. En una reunión posterior, nos dijo que no tenían personal para supervisar y que ya no podían hacer nada porque la empresa había entregado la obra”. 

Y así se quedó, con una torre que parece “chupón de mamila”. 

De esa “restauración” es responsable la empresa Torreza Construcciones, dedicada a construir carreteras, obras civiles, habitacionales o comerciales. A la constructora no le ha ido mal. Por el contrario, de los 19 inmuebles históricos afectados en Cuautla, le han asignado 11. 

–Es una empresa grande que, por falta de pericia en edificios históricos, subcontrató a otras empresas para hacer las obras. Torreza ganó las licitaciones aunque no tiene experiencia en el ramo –destaca Martínez Rivera.

Ya había antecedentes de que SOCSA, la empresa “hermana” de Torreza, tampoco era confiable para trabajos de esta naturaleza. El historiador recuerda que en 2016 el gobierno del estado le otorgó la remodelación de la Alameda de Cuautla. “Conforme avanzaba la obra le cambiaba la calidad de los materiales. Lo reportamos. Nunca terminó. Quedó pendiente un 10 por ciento de la obra; su pretexto fue que no le dieron el resto del presupuesto”. 

El arquitecto Miguel Ángel Cuevas Olascoaga recuerda, por su parte, que al principio se hicieron obras inadecuadas en vivienda tradicional y edificios religiosos de Xochitepec, Zacatepec, Tepalcingo y Cuautla.

–Empezaron a utilizar materiales contemporáneos en lugar de argamasas de cal tradicionales, como lo especifica el INAH en sus criterios para intervención de inmuebles históricos –precisa el profesor de la Universidad Autónoma de Morelos.

A partir del 2020, la Dirección de Monumentos y Sitios del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura buscó a los arquitectos Cuevas Olascoaga e Israel Durán Herrera para hacer la verificación de la restauración de inmuebles. 

A la fecha han recorrido todos los municipios de Morelos y han encontrado que la empresa SOCSA ha realizado medio centenar de obras. Por eso, los arquitectos de la UAEM vigilan su trabajo casi a diario.

“Si la dejamos de observar periódicamente, hace trabajos que no tienen nada que ver con los procesos tradicionales”, indica Cuevas Olascoaga, maestro en Conservación de Monumentos y doctor en Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

Además de SOCSA y Torreza, existen otras empresas que carecen de experiencia en intervención de monumentos. Los arquitectos peritos han llegado a advertirles que suspenderán la obra por malos procedimientos.

“El Palacio Municipal de Jojutla tuvo mala intervención. Se trató de revertir, pero eso implicó más dinero porque hay que demoler, quitar, liberar cosas que no se trabajaron de manera adecuada. A la fecha, el inmueble no queda”, comparte el arquitecto Cuevas Olascoaga.

La Presidencia Municipal de Jojutla fue catalogada con daño severo y la obra fue entregada a la empresa Edificaciones y Proyectos Ango, dedicada a todo tipo de obras.

Otra empresa de la que casi no se separan los arquitectos peritos es LV Edificación. El trabajo ha sido tan intenso con ellos que los supervisan cada tercer día, aunque tienen obras en Coatlán del Río, Jantetelco y Totolapan.

Cuevas Olascoaga sabe que su tarea es esencial: “No los podemos dejar solos porque avanzan (pero) negativamente”. 

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Quinto Elemento Lab es una organización periodística independiente, sin fines de lucro, que alienta y realiza reportajes de investigación en México.