Después de escuchar y atender las preocupaciones de familiares de víctimas de desaparición y colectivas, quienes expresaron su descontento con la Comisionada de Búsqueda de Personas debido a la falta de atención diligente y señalamientos de corrupción en esa institución, la diputada Liz Arroyo se comprometió a tomar medidas concretas.
Una de las principales demandas de las víctimas y sus familias fue la necesidad de mayor transparencia en el uso de los recursos asignados a la Comisionada de Búsqueda de Personas. Además, se destacó la urgente instalación del Consejo Estatal Ciudadano, el cual, según la ley estatal, requería postulantes que cumplieran con requisitos más rigurosos en comparación con la Ley General, lo que había dificultado su formación.
En respuesta a estas preocupaciones, la diputada Liz Arroyo presentó una iniciativa de reforma a la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Oaxaca. Esta iniciativa propone modificar el artículo 39, que establece los requisitos para quienes integren el Consejo Estatal Ciudadano en Materia de Búsqueda de Personas.
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Los requisitos que la legisladora propuso eliminar eran las fracciones IV y V, que impedían que personas que hubieran ocupado cargos en partidos políticos o que hubieran sido servidores públicos pudieran formar parte del Consejo.
Estas restricciones, si bien se introdujeron con la intención de evitar cualquier influencia partidista o política, no se encontraban en la Ley General, desalentaban la postulación de candidatos y ya estaban cubiertas en la fracción VI, que señala que no deben existir conflictos de interés.
El pasado miércoles 6 de septiembre, el pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen de la iniciativa de la diputada Liz Arroyo con un total de 21 votos a favor y 4 en contra. La iniciativa espera ser publicada para entrar en vigor y lograr la pronta instalación del Consejo Ciudadano.
La labor de la legisladora refleja su compromiso inquebrantable con la justicia y la defensa de los derechos de las víctimas de desaparición forzada en Oaxaca. Este es un paso significativo hacia una búsqueda de personas más efectiva y transparente en el estado.
