El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña admitió que la violencia política en razón de género se encuentra en aumento en el país.
En entrevista previa a la presentación del libro “Violencia política contra las mujeres por razón de género en la justicia electoral”, enfatizó que a la par de que las mujeres han ganado un mayor espacio en los distintos espacios de la política, también se ha incrementado el fenómeno de la violencia.
Situación que – expuso – se puede observar en el aumento de denuncias y demandas en contra de quienes han incurrido en este tipo de acciones, “más allá de lo penal se han creado sanciones que hacen que el fenómeno no se dispare”.
Comentó que la violencia política contra las mujeres por razón de género se ha podido contrarrestar con el trabajo que realizan los tribunales electorales, al hacer valer los principios constitucionales como garante de los derechos humanos.
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Mientras que para el proceso electoral del 2024 existe un Tribunal Electoral Federal fuerte, un INE fortalecido y no pasará nada diferente a las otras elecciones federales al contar México con un sistema electoral confiable.
De igual manera, añadió que en una próxima reforma electoral será fundamental contar con una sala indígena federal, en virtud de que es necesario resolver con una perspectiva indígena ante los problemas de sus pueblos y comunidades.
De la Mata Pizaña explicó que es momento de que haya representantes indígenas que también administren la justicia constitucional electoral, por ello es indispensable la existencia de una sala electoral que conozca esos temas y que, a su vez, sea administrada por personas que se auto adscriban como indígenas.
El magistrado electoral manifestó que en los últimos años la Sala Superior del Tribunal Electoral ha tenido una visión intercultural fuerte, llegando a un principio jurídico que se puede dimensionar a partir de la constitución de máxima interculturalidad.
Es decir, detalló, que todos los jueces electorales del país deben tener una visión en la cual intervengan lo menos posible en las decisiones de las comunidades indígenas, y si lo hacen, que sea de manera restringida y temporal.
