El juez no lo puede todo. Es así por el diseño de nuestro sistema. Y es en el derecho penal donde las cosas se complican.
No solo es la víctima o “presunta víctima” la que tiene derechos; también los tiene el imputado o presunto delincuente.
La finalidad primigenia del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, saber qué pasó. De modo tal que no solamente se requiere el resultado material de un delito, sino también la demostración de la responsabilidad del imputado.
No basta con que exista el muerto, el lesionado o el robo; es menester que al juez no le quede duda de que quien ha sido acusado es efectivamente quien cometió el delito.
Y ese esclarecimiento no depende exclusivamente del juez. La materia prima del juez la aportan las fiscalías y los abogados defensores.
Un pernicioso reduccionismo hace que el proceso penal se entienda como maquinaria para el castigo. Vivimos en medio del delito y a través de los medios de comunicación y las redes sociales, estamos en contacto cotidiano con los peores delitos.
Mucha de la gente que aún compra la prensa escrita, lo hace para leer la sección policíaca, y programas y cuentas de redes sociales con éxito asegurado son aquellos dedicados a cubrir diariamente hechos delictivos.
El morbo es parte de nuestro ADN cultural y con cada vez más frecuencia iniciamos el día preguntándonos a quiénes mataron ahora y quién los mató.
Es así como se activa un complicado entramado de intereses y responsabilidades. Y sale mejor librado quien más y mejor comunica.
Por supuesto que nadie quiere asumir la responsabilidad de la criminalidad, menos quienes son electos por el voto popular.
La obligación de los gobiernos es evitar que los delitos se cometan, por ello tienen a su mando los cuerpos de seguridad pública.
La obligación de las fiscalías es investigar sin deficiencias los delitos cuando se comenten, incluida la responsabilidad de quien es señalado como responsable, lo cual implica recabar y aportar las pruebas.
Y es obligación de los jueces decidir, con base en el trabajo de las fiscalías, si se condena o absuelve al imputado.
Todo tiene sus reglas y una de ellas es que el juez no puede suplir las deficiencias del ministerio público al tomar su decisión, pero sí puede exhibirlas de tal modo que la víctima sepa qué pasó. El MP es una parte técnica y está obligado a hacer impecablemente su trabajo.
Sucede que a quien menos comunica es a quien se le carga la responsabilidad de las injusticias, y entre los gobiernos, las fiscalías y los poderes judiciales, este último es el “perro más flaco”.
Las grandes transformaciones funcionales y estructurales se han dado siempre por presión pública. Es por ello que los medios de comunicación habrán de contar en el futuro inmediato con una pluma jurídica que le explique a la sociedad, con conocimiento de causa, que y quién falló.
La tendencia es esa. Cada vez más periodistas comienzan a estudiar el derecho, no sólo en la rama penal. Si lo vemos desde este punto de vista, en el derecho está la respuesta a casi todas las polémicas públicas respecto de las cuales la sociedad merece estar bien informada.
*Magistrado de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
