Esta semana estuve en la Fundación 100 X Oaxaca dialogando con jóvenes estudiantes de Derecho que se preparan para su tercer concurso de litigación oral.
Me invitaron a dictar una conferencia sobre el tema “Control de Legalidad de la Detención” que versó sobre los requisitos que tienen que observarse, por parte de las autoridades, cuando una persona es detenida en flagrancia o por caso urgente, derivado de la probable comisión de un delito.
Es un tema de carácter técnico donde la pauta la dan nuestra Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales principalmente.
Explicamos en qué consiste la flagrancia y el caso urgente, las formalidades de la detención, el papel de los operadores en la audiencia inicial y centralmente los casos en que una detención debe calificarse de ilegal.
Pero la plática dio lugar también a una serie de reflexiones más de índole social y política que parten de la realidad que a diario percibimos directamente o a través de los medios de comunicación y que tiene que ver con la inseguridad y la delincuencia presente en todo el país.
Hemos llegado al punto en que la única alternativa al delito socialmente aceptada es la prisión y si los delitos crecen, las penas también deben ser más severas.
Nos hemos hecho a la idea de que nuestros sistemas penitenciarios no readaptan ni reinsertan al delincuente en la sociedad y derivado de esa convicción la única explicación de encerrar gente es buscar que “se pudran en la cárcel”.
La delincuencia lastima y cuando pensamos que habíamos perdido la capacidad de asombro, nos llega la noticia de un crimen más atroz que el último que llegó a ser noticia.
En este ambiente de crispación se sacuden los cimientos del sistema penal y resuenan con cada vez más eco las voces que desde los parlamentos o los partidos políticos demandan mayor severidad en las penas, mayores facultades a la fiscalía para “agarrar” a los delincuentes y menos derechos humanos para los delincuentes.
La tarea de fiscales y jueces es llenar las cárceles porque, en el punto en el que estamos, pareciera que más vale tener las cárceles llenas de inocentes a condición de que no se nos escape ni un solo culpable.
El proceso penal que se construye a partir del principio de presunción de inocencia se desnaturaliza y en México lo edificamos sobre los cimientos de un nuevo principio: el de presunción de culpabilidad.
Por eso es tan difícil que el discurso de los derechos humanos construya ciudadanía y construya democracia. La igualdad de las partes como principio del proceso penal se diluye, porque socialmente todo imputado es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
Por eso tenemos cada vez más prisión preventiva oficiosa y cada vez menos medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
El cambio de un sistema inquisitivo a uno adversarial con todo y sus juicios orales en 2008, trajo consigo muchas promesas que hoy siguen incumplidas.
Porque el diseño podrá cambiar una y mil veces, pero sí policías, fiscales, agentes del ministerio público y jueces no cambiamos en sintonía con los fines del sistema penal, seguiremos con nuestras cárceles llenas y con los mismos alarmantes índices de impunidad.
Por eso es importante regar y nutrir las semillas del sistema penal, preparar dentro y fuera del aula a esos jóvenes que van a ser sus futuros operadores, como jueces, ministerios públicos, defensores o asesores victimales.
Y los concursos de litigación oral son un extraordinario medio para acercar a los futuros penalistas a la realidad que se vive en el mundo real y cuya transformación para mejorar está en sus manos.
*Magistrado de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
