México
El presunto lavado de dinero por 100 millones de pesos que implica al Partido del Trabajo (PT) alcanzó al gobierno de Nuevo León, que encabeza Jaime Rodríguez Calderón.
La PGR anunció que investiga por qué la administración neoleonesa autorizó la transferencia de esta cantidad a la cuenta particular de María Guadalupe Rodríguez, esposa del dirigente nacional del PT, Alberto Anaya.
Los 100 millones de pesos estaban destinados a la operación de 13 Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) en la entidad, de los cuales es directora general María Guadalupe Rodríguez.
Ayer, la PGR dio a conocer la indagatoria durante la audiencia en la que el líder petista en Aguascalientes, Héctor Quiroz, fue vinculado a proceso como probable coautor de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El juez de control, Gerardo Moreno, quien lleva la causa, expuso que “eventualmente” hay responsabilidad penal de funcionarios de la administración de Nuevo León por autorizar que se realizara este envío de recursos públicos a una particular.
Esto a pesar de que existen dos cuentas a nombre de la asociación civil Frente Popular Tierra y Libertad, que administraba a nombre del PT María Guadalupe, para obtener recursos federales.
En la audiencia de más de 10 horas en el Reclusorio Norte, el Ministerio Público destacó que la coordinadora de los Cendi colocó, al día siguiente de recibir estos fondos, más de 62 millones en una cuenta de inversión a su nombre para obtener intereses, por lo que fue asegurada por la PGR.
Las investigaciones siguieron la ruta de esos recursos y detectaron que 12 millones fueron depositados en la cuenta de Héctor Quiroz, mientras que las dos cuentas bancarias de los Cendi registran cero pesos y 10 mil pesos, respectivamente.
Los fiscales de la PGR expusieron que en esa red de lavado el perfil de Quiroz se convirtió en el de “testaferro”, además de que cuenta con un domicilio en Aguascalientes, otro en Monterrey y cuatro más en la Ciudad de México.
La defensa presentó la declaración de cuatro testigos para demostrar que los recursos llegaron en tiempo y forma a los Cendi, aunque en el caso del perito contable Roberto Porras solo demostró que fueron a parar inicialmente a las cuentas personales de la esposa de Anaya.
Los fiscales de la PGR aportaron detalles técnicos sobre los movimientos del dinero, números de las cuentas de María Guadalupe, así como de Quiroz y del Frente Popular Tierra y Libertad, lo que no logró el perito “experto” de la defensa, quien se puso nervioso, lo que le mereció un regaño del juez.
Las autoridades federales dijeron que Quiroz incurrió en una modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita denominada “Pitufos”, que consiste en utilizar personas para efectuar elevados retiros de efectivo.
A través de este esquema, se realizaron 269 operaciones para movilizar 100 millones de pesos. La PGR detectó que 76 retiros se efectuaron de un módulo bancario que está en el Senado.
En la audiencia se confirmó que se giraron tres órdenes de aprehensión más: contra la esposa de Alberto Anaya y sus colaboradoras María Mayra Paredes Díaz y María Cristina Martínez.
El juzgador dictó seis meses para el cierre de la investigación complementaria y amplió tres días para exhibir la garantía económica de 600 mil pesos, por lo que Quiroz seguirá el proceso en libertad.
