Desde el inicio de su gestión, el gobierno llamado de la Cuarta Transformación puso en la mira a los órganos autónomos. Uno de ellos, es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales –el INAI-. En los últimos días, dicha institución ha sido objeto de descalificaciones y maquinaciones oscuras para desmantelarlo y desaparecerlo. En tono peyorativo se ha dicho que sólo ha servido como tapadera de las corruptelas del pasado y que sus comisionados “no sirven para nada”. Para nuestro estado, aunque muchos no lo perciban así, es un doble golpe. Y es que aquí nació en 2001, la semilla de lo que más tarde sería la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Y todo el entramado legal para hacer realidad el derecho a la información. En 2003 vendría la fundación del IFAI –hoy INAI- y en cascada, del resto de órganos garantes de acceso a la información y rendición de cuentas en los estados.
El argumento principal para la exitosa operación del llamado “Grupo Oaxaca”, fue que no puede haber democracia en donde prevalece la opacidad y la discrecionalidad en el ejercicio de gobierno. El cabildeo de académicos, periodistas, editores y miembros de la sociedad civil fue intenso. No fue una gratuita concesión del gobierno, mucho menos un logro de los partidos políticos, sino una conquista ciudadana, para hacer realidad el derecho ciudadano a saber. El abanico de temas que pueden ser consultados a través de solicitudes, es muy amplio. Sólo se puede mantener en reserva aquello que tenga que ver con la seguridad nacional o rubros de justicia. He ahí la proclividad hoy en cerrar los archivos de adquisiciones u otros temas, por cinco años o más. Es evidente: no existe voluntad política para abrirse al escrutinio ciudadano, pese a la sobada política del combate a la corrupción.
La creación del INAI, de los órganos garantes estatales y de la promulgación de la Ley Federal de Acceso a la Información en 2002, no es para nada un artificio. Es uno de los contrapesos más honrosos del autoritarismo y la discrecionalidad. Porque las reglas de operación del órgano garante son el arma del ciudadano de a pie, quien sea, para enterarse de cómo se gastan los recursos y sus impuestos. Desaparecer el INAI o concentrarlo en áreas que nada tienen que ver con su objetivo es un atentado a la democracia y a una legítima demanda del pueblo, para exigirle al gobierno rendir cuentas y poner en un escaparate sus operaciones.
Socializar proyecto
El pasado lunes 17 de abril, en su conferencia mañanera, el gobernador Salomón Jara dio a conocer una buena noticia. Finalmente, el gobierno estatal –que no el municipal- tiene ya el predio, ubicado en la comunidad de San Lorenzo Albarradas, para la construcción del Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos. Sin embargo, por lo que ha declarado a los medios de comunicación el secretario de Gobierno, dicho proyecto aún es objeto de obstáculos y ataques. Es necesario ponderar la buena disposición de las autoridades municipales de la referida comunidad. No obstante, tal parece que ha hecho falta socializar el referido proyecto, convencer, explicar a la ciudadanía que ha puesto resistencia y atenuar las negativas que se han dado en las asambleas de comunidades como la Villa de Mitla o su agencia municipal, San José del Paso. Que la premura o celeridad para resolver este complejo tema, no soslaye la obligada consulta comunitaria, tan de moda en estos tiempos de la Cuarta Transformación.
Para los capitalinos y los 23 municipios conurbados, el tema del manejo de los residuos sólidos es fundamental. Hay plena conciencia también de que un relleno sanitario, como el que fue cerrado en jurisdicción de la Villa de Zaachila hace seis meses, nadie lo quiere cerca. Pero si se trata de un proyecto moderno, en donde se aplicarán tecnologías innovadoras y el aprovechamiento integral de los residuos, con la creación de fuentes de empleo y demás, con certeza será bien recibido. No hay que politizar el tema desde el mismo gobierno estatal. Tampoco estigmatizar a ediles que han reiterado que son sus pueblos y no ellos los que se oponen. Por el contrario, hay que sumarlos. Son ellos los que tienen el pulso de las inquietudes de sus pobladores. Y allanar el camino al proyecto mencionado con acciones firmes, como la solución definitiva del diferendo que tiene San Lorenzo Albarradas con su agencia municipal, San Isidro Roaguía, por el manejo del balneario natural “Hierve el Agua”.
De poco ayuda pues, estar desgarrándose las vestiduras y buscando culpables reales o imaginarios. La voluntad política del gobierno estatal es evidente. Se trata de un tema relevante cuya solución se ha diferido de manera innecesaria, pues se viene arrastrando del régimen pasado y el gobierno municipal se ha encogido de hombros. Por ello, no hay que soslayar que sólo socializando el proyecto y convenciendo a las comunidades, se puede hacerlo exitoso y sentar un precedente de una buena negociación.
