El gobierno federal ha seguido una lógica política en la asignación de recursos a programas sociales: da más recursos a los que tienen poco impacto y son opacos, y menos o igual a los que traen mayores beneficios a la población.
A esa conclusión llegó la organización Gestión Social y CooperaciónAC (Gesoc) al presentar los resultados del Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (Indep).
Los programas con alto nivel de desempeño no tendrán un presupuesto menor al que tuvieron en 2017; Hacienda estima un ligero incremento del 1.55%, pero si se considera el incremento de la inflación que la SHCP estima en 3 puntos porcentuales para el próximo año en realidad habrá un decremento.
En cambio la SHCP propuso un aumento presupuestario promedio de 4.85% a los programas que, de acuerdo con el Indep 2017, tienen un nivel de “desempeño escaso” o que operan en condiciones de opacidad.
Y no son pocos. Gesoc tiene registrados 136 programas sociales del gobierno federal y que en 2017 recibieron 870 mil millones de pesos.
De ese total, 111 programas, que consumen el 60% del presupuesto federal destinado a ese rubro, “no están en condiciones de resolver el problema público que les dio origen, debido a su bajo desempeño u opacidad”.
Aunque son 26 los que Gesoc ubica en lo que llama “la caja negra”, es decir programas que “no proveen la información mínima necesaria para poder estimar su desempeño”.
Su presupuesto no es poca cosa, en 2017 tuvieron 86 mil millones de pesos, prácticamente 10% del total del presupuesto asignado al conjunto de programas sociales del gobierno federal analizados por el Indep. Para 2018 se propone asignarles 90 mil millones de pesos.
Entre esos programas se encuentran los Comedores Comunitarios de la Secretaría de Desarrollo Social; los Operativos para la prevención y disuasión del delito –uno de los que más creció pues tendrá un incremento del 16.5% y un presupuesto de 27 mil 571 millones de pesos– y los Subsidios en materia de seguridad pública de la Secretaría de Gobernación, por mencionar algunos.
Los investigadores de Gesoc señalaron que “el enfoque de asignación presupuestaria enviada por la SHCP al Congreso de la Unión, no obedece ni a criterios de desempeño ni de transparencia de los programas sociales, vulnerando aún más los derechos sociales de las poblaciones más pobres del país y no cuenta con mecanismos claros para reducir el riesgo de uso electoral de los mismo”.
Las decisiones políticas
Alejandro González Arreola, director de Gesoc, expuso que la compleja situación macroeconómica que atraviesa el país, los recientes siniestros que afectaron a varias entidades federativas y la coyuntura del proceso electoral 2018, potencian el crecimiento de población en condiciones en pobreza es considerable, así como el uso electoral de los recursos públicos.
Por ello pidió al Congreso de la Unión orientar la asignación presupuestaria evitando que la toma de decisiones se sustente en criterios de tipo político.
Aunque la evidencia que ha recogido Gesoc a lo largo del sexenio es que justamente las decisiones presupuestales pasan por un tamiz político.
Lorena Cortés, directora adjunta del Gesoc explicó que en la administración de Enrique Peña Nieto se aplicó una nueva dinámica en la asignación presupuestal a los programas de desarrollo social.
“Veníamos en el gobierno anterior con una lógica donde más o menos el 60% iba a los programas que se pueden medir. Con el cambio de sexenio cambió también la tortilla, y comenzó a destinarse el 60% a los programas de bajo rendimiento o de completa opacidad”.
Lorena Cortés dijo también que “pese a que ha habido un incremento de evidencia, generada tanto desde instituciones gubernamentales como en la sociedad civil que demuestran la calidad y la importancia de asignar el presupuesto en los programas que están siendo un cambio real, esta no es la lógica por que la que se han regido las leyes de egresos que se han presentado en el sexenio a la Cámara de Diputados para su aprobación”.
Por último, la organización lamentó que, para enfrentar los retos de la reconstrucción de los daños producidos por los sismos acontecidos en el mes de septiembre, la Cámara de Diputados optara por aumentar artificialmente la expectativa de ingresos y no por reasignar gasto de programas sociales opacos o con bajo desempeño.
