Por unanimidad, el pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen de reforma constitucional mediante el cual, da certeza jurídica a una parte de los límites de Oaxaca con Chiapas en la zona de los Chimalapas y da cumplimiento al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En sesión extraordinaria de este miércoles, las y los diputados también facultaron al gobernador Salomón Jara Cruz para que lleve a cabo un convenio amistoso con el estado chiapaneco para lo referente al lado sur de la colindancia, misma que tendrá que elevarse al Senado para ser ratificado.
Mientras tanto, el Decreto quedó así: “Se reforma el párrafo séptimo del artículo 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca para quedar en los siguientes términos:
Artículo 28.- … CON EL ESTADO DE CHIAPAS.
La línea limítrofe que debe regir entre los Estados de Oaxaca y Chiapas, partirá de sur a norte e iniciará en la Barra de Tonalá a los 16° de latitud norte (94°00’00″W; 16°00’00″N), en dirección noroeste hasta el Cerro del Chilillo ( 94° 2′ 35.84″ W, 16° 20′ 27.09″ N), de ahí con dirección noroeste hasta el Cerro de la Jineta ( 94° 8′ 21.87″ W; 16° 27′ 42.73″ N), y de ahí con rumbo noreste hasta el Cerro de los Martínez ( 93° 53′ 23.92″ W; 17° 8′ 56.79″ N.)”.
En esta misma sesión, en el segundo transitorio, el Congreso local autorizó al gobernador de Oaxaca, la suscripción de un convenio amistoso de límites territoriales entre Chiapas y Oaxaca, respecto de la parte sur del lindero interestatal, a fin de reconocer los límites actuales entre los municipios de San Pedro Tapanatepec y San Francisco del Mar, de Oaxaca y los municipios de Arriaga y Tonalá, de Chiapas.
Con esto, el Poder Legislativo da cumplimiento a los resolutivos segundo y tercero de la Controversia Constitucional 121/2012 sobre límites territoriales entre las dos entidades, dictada por el pleno de la Suprema.
Esta reforma derivó de la resolución del 11 de noviembre del 2021, donde la SCJN votó a favor de darle la razón a Oaxaca en la Controversia Constitucional sobre sus límites territoriales presentada el 29 de noviembre de 2012, admitida el 20 de diciembre de ese año, en contra del estado de Chiapas.
Con 10 votos a favor y 1 en contra, la sentencia ratificó que se reconocen los límites de la entidad oaxaqueña según lo establecido en su Constitución Política, y confirma que las 160 mil hectáreas de bosques y selvas disputadas desde 1967 con Chiapas pertenecen a las comunidades zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa.
Así pues, los resolutivos segundo y tercero de dicha sentencia, ordenaron al Poder Legislativo de ambos estados se haga efectiva la declaratoria de límites territoriales reconocida en dicha sentencia dentro de los 30 meses siguientes a la notificación de estos puntos resolutivos a los congresos de cada una de las entidades.
Fue el 29 de noviembre del 2012 cuando se promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la controversia constitucional en relación al conflicto de límites territoriales con el Estado de Chiapas por Gabino Cué Monteagudo, Emanuel Alejandro López Jarquín, Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera y Víctor Hugo Alejo Torres, en su carácter de gobernador, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura del Congreso local, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y consejero jurídico del Gobierno.
Fue 11 años después cuando se dio esta reforma constitucional y dentro de varias décadas de defensa del territorio.
20 mil personas en el limbo
El consejero jurídico del gobierno estatal, Giovanny Vázquez Sagrero, señaló que son alrededor de 20 mil personas las que habitan en el municipio creado por Chiapas, Belisario Domínguez y en los asentamientos de Rodulfo Figueroa, Rafael Cal y Mayor, quienes se encuentran en indefinición, dado el proceso jurídico.
Para esas personas, se les frenaron diversos procesos de atención como la credencialización por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).
El agravio fue para el pueblo Chimas, nosotros tenemos que abonar por reconstruir el tejido social y en breve se estarán implementando talleres de paz y firmamos un convenio con la Procuraduría Agraria para el cumplimiento pacífico de la sentencia”, refirió.
Por eso, el próximo 14 de este mes, sesionarán en ese territorio para la instalación de un comité interinstitucional con la participación de secretarios de estado y el gobernador Salomón Jara Cruz, cuyo fin es dar seguimiento y cumplimiento de la sentencia.
Como principales actores, estarán habitantes de Santa María y San Miguel Chimalapas, donde podrán exponer sus necesidades.
Y en el contexto de la reforma constitucional, Vázquez Sagrero indicó que este caso estuvo en el abandono por la pasada administración.
Manifestó que pese a que la sentencia del máximo tribunal constitucional del país, fue emitida en el 2021, las autoridades pasadas abandonaron el expediente que ahora, se está resolviendo.
Falta un largo tramo por recorrer
En el Congreso, representantes de las autoridades de bienes comunales de Santa María y San Miguel Chimalapas, reconocieron la reforma constitucional, pero señalaron que quedan temas pendientes por resolver.
Sósimo Hernández López, presidente de Bienes Comunales de Santa María, externó que se trata de la definición de los límites interestatales y falta todavía un largo tramo por recorrer.
Porque queda pendiente la parte comunal y parte del territorio de Oaxaca que está dentro de Chiapas.
Vicente Contreras Pérez, de San Miguel, externó que seguirán en la defensa del territorio que les corresponde.
No obstante, dentro de este proceso dejaron la posibilidad de no aceptar a la agente que se encuentra en las comunidades que se declaran como chiapanecas.
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