En los más recientes 7 años, de 2016 a 2022, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha aplicado 299 exámenes de control de confianza a los empleados de esa institución adscritos a la delegación Oaxaca, 68 de los cuales no han acreditado la prueba.
En Oaxaca se cuenta con 7 instancias del INM. De acuerdo a estos datos, 1 de cada 5 agentes, personal administrativo o trabajadores, el 22.7%, han reprobado el control de confianza. El instituto cuenta con una delegación estatal en la capital del estado, oficina de representación local y la estación migratoria de Huatulco, sub representaciones locales en San Pedro Tapanatepec, Salina Cruz, La Ventosa, Juchitán de Zaragoza y Puerto Escondido, además de la Coordinación del Grupo Beta en Ciudad Ixtepec.
De acuerdo al Capítulo Segundo del Reglamento de la Ley de Migración vigente desde 2014, la certificación y el registro es obligatorio para quienes laboren en la institución y el documento tendrá una vigencia de hasta tres años, además que, contar con él, es requisito indispensable de ingreso, promoción y permanencia en el servicio público de la Institución.
El porcentaje de reprobación en la delegación Oaxaca es menor al reportado en Chihuahua, adscripción a la que pertenece la estación migratoria de Ciudad Juárez y donde entre el 26 y 27 de marzo murieron al menos 38 migrantes; ahí la reprobación del personal alcanzó a 28.4% en 7 años, el mismo periodo considerado para nuestra entidad. En Chihuahua, incluido Ciudad Juárez, se realizaron 274 pruebas de control de confianza, 196 personas la aprobaron y 78 no pasaron el examen y, por ende, carecían de acreditación.
Datos obtenidos por EL IMPARCIAL, el Mejor Diario de Oaxaca dan cuenta que el año pasado, 2022 el Instituto Nacional de Migración informó que 66 personas fueron evaluadas por la Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza, de ellas, 58 aprobaron los exámenes; sin embargo, 8 no acreditaron el proceso, con un índice de reprobación del 12.2%. En el capítulo segundo de la Ley de Migración referente a la certificación del personal del instituto se da cuenta que “todos los servidores públicos del Instituto están sujetos a la aprobación de las evaluaciones correspondientes al proceso de certificación”.
Para entregar un veredicto, las pruebas comprenden análisis de perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, así como la información que “permita verificar el apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, para cumplir con el servicio público”.
Los empleados, agentes y administrativos adscritos a Oaxaca por parte del INM deben aprobar seis tipos de asignaturas que tiene relación en el área médica; en toxicológica, un tercer aspecto referente a psicológica; la prueba del polígrafo, antecedentes y entorno socioeconómico, y “VI las que se consideren necesarias de acuerdo a la normativa vigente”, indica el documento oficial.
Las estadísticas son parte del informe oficial de Obligaciones Específicas, referentes a los Procesos de Control de confianza obtenido de manera pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Siempre con esos datos, el 2019 fue el año con mayor índice de reprobación en la delegación del INM en Oaxaca, de los 36 exámenes aplicados, solo aprobaron 10 personas, el 27.7% de quienes buscaban certificación, con lo cual el porcentaje de quienes no pasaron el control de confianza fue de 72.3%, casi 3 de cada 4 no fueron acreditados.
El año pasado, en plena crisis migrante que tomó por asalto a San Pedro Tapanatepec, el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, acompañado del cónsul senegalés en México, Abdoulaye Diop, denunciaron abusos de agentes del INM en Chiapas y Oaxaca, específicamente en el Istmo de Tehuantepec, y relataron que “Desde que los migrantes entran al territorio mexicano por la frontera sur, y aún con permisos de tránsito expedido por las mismas autoridades migratorias, ya sea en Tapachula, Chiapas o aquí en Tapanatepec, les roban sus papeles, les piden dinero o tras un mal trato, los deportan a la frontera sur, por Chiapas o por Tabasco”, indicaron.
El mayor índice de aprobación se alcanzó en 2018 pues, de acuerdo a estadísticas oficiales ese año 94.7% resultó con un resultado aprobatorio dado que se realizaron 95 estudios de los cuales en 90 se arrojaron calificaciones aprobatorias. Fueron los años de 2016, con 6 exámenes y 2017, con 4, los de la menor cifra de revisión de control de confianza. En ambos casos las personas diagnosticadas pasaron sin enfado las pruebas.
El reglamento indica que los documentos tienen vigencia de 3 años y, 6 meses antes del vencimiento, se debe reiniciar el ciclo de certificación. Finalmente, “las evaluaciones del proceso de certificación se valorarán en conjunto, salvo la toxicológica que se calificará por separado, para lo cual se emitirá un resultado único. En el caso de que el evaluado no apruebe el examen toxicológico, quedará excluido inmediata y definitivamente del proceso de certificación, por lo que no se le aplicarán las evaluaciones restantes”, sentencia la norma oficial.
