La Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del gobierno estatal reportó que 22 personas titulares del gabinete legal ya presentaron sus declaraciones patrimoniales y 62 titulares del gabinete ampliado.
Desde el 1 de diciembre que asumieron los cargos han transcurrido más de 75 días de la actual administración y el término de ley manifiesta que este requisito se debe dar en los primeros 60 días.
Es ante la Subsecretaría Administrativa y Anticorrupción donde se están dando estos procesos que llevan un avance total del 87.5, principalmente quedan pendientes del gabinete ampliado donde las y los funcionarios recibieron tiempo después.
Leticia Reyes López, titular de dicha dependencia aseguró que quienes no han presentado se encuentran en tiempo de hacerlo y cumplir con el eje transversal de un gobierno honesto y transparente.
Con estas declaraciones, el objetivo es que el pueblo esté enterado de la situación de los y las funcionarias que están recibiendo.
Asimismo, el funcionariado saliente debe presentar sus declaraciones y en caso de que no lo realicen, la dependencia podría empezar a sancionar.
Transparencia y rendición de cuentas, herramientas en el combate a la corrupción
La titular informó que también están participando en el foro temático sectorial con los temas de transparencia, gobierno abierto, participación ciudadana en la rendición de cuentas de los recursos públicos, así como contraloría interna, evolución patrimonial de los servidores públicos y sus responsabilidades administrativas.
Dichos ejes abonarán a la integración del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2028.
Este Plan, en el que sentará las bases y estrategias que se implementarán para la ejecución responsable y transparente de los recursos públicos, llevará las propuestas de los diferentes sectores sociales como son la academia, sociedad civil y autoridades municipales que fueron escuchadas en las 6 mesas de trabajo que estuvieron organizadas por la secretaría.
En tanto, algunas de las propuestas que resultaron de las mesas de trabajo fueron el fortalecimiento del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, mayor difusión de la cuenta pública, establecer sanciones específicas para la omisión en la emisión, actualización y aplicación de instrumentos normativos internos de las instituciones públicas del Poder Ejecutivo (reglamento interno, manual de organización y de procedimientos).
