Luego de la falta de acuerdos entre las y los diputados del partido Morena para sancionar a quienes ejercen violencia contra las mujeres, el Gobernador Salomón Jara Cruz, retomó parte de la iniciativa 3 de 3 Contra la Violencia de Género que propone restringir a deudores alimentarios el acceso a cargos públicos.
Esta propuesta ya se había presentado por parte de la diputada morenista Concepción Rueda Gómez, ya que en su iniciativa denominada 3 de 3 Contra la Violencia de Género contemplaba la misma sanción contra los deudores alimentarios, incluso se incluyen a quienes hayan violentado de cualquier forma a las mujeres o que haya cometido el delito de violación.
La iniciativa, presentada en agosto de 2021, se envió en su momento a la congeladora del congreso local para su análisis. Sin embargo, en diciembre, la misma diputada denunció que su compañero de bancada y coordinador parlamentario de Morena en la 65 Legislatura, Luis Alfonso Silva Romo, pretendía rasurar la propuesta para desciar a los deudores alimentarios.
Pese a la falta de acuerdos entre las y los legisladores de Morena, el titular del Poder Ejecutivo, Salomón Jara Cruz, presentó envío al congreso local un paquete de reformas a la Constitución Política Local y a diversas leyes estatales, esto con la finalidad de restringir el acceso a cargos públicos a personas que estén inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Establecerán requisitos para los cargos públicos
La propuesta prevé la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y a siete leyes secundarias, para establecer como requisito para fungir como servidores públicos, no ser deudores alimentarios morosos, salvo que acrediten estar al corriente del pago, cancelen esa deuda, o bien, tramiten el descuento correspondiente.
La iniciativa expone que esta limitante sea vinculante para las y los servidores públicos pertenecientes a la Administración Pública Estatal, integrantes del Poder Judicial del Estado -jueces, secretarios y magistrados-, así como las personas titulares e integrantes de los órganos constitucionalmente autónomos.
También contempla que este requisito sea exigible para las personas que deseen postularse como diputados o diputadas locales y a las personas integrantes de los ayuntamientos en los 570 municipios del estado.
