Por actuar con falta de ética y seriedad, 20 inspectores municipales de comercio en vía pública serán sancionados o cesados de sus funciones en el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.
Esto luego de que se investigaran las conductas en que recayeron las y los elementos, al exhibirse con productos asegurados a grupos de desplazados triquis durante el operativo de desalojo del 2 de diciembre por parte del municipio y estado.
El fin de semana y a través de redes sociales y grupos de Whatsapp, se difundieron imágenes de inspectores portando textiles, sombreros, guitarras de juguete y otros productos asegurados durante la madrugada y mañana de aquel día. Entre los involucrados estuvo el jefe de inspectores, Valerio López.
El ayuntamiento respondió que se impondrán las sanciones y aplicarán los ceses, aunque no detalló a quiénes ni el monto o tipo de las sanciones.
Fue “aseguramiento” y se les devolverá la mercancía: dirección
Bibiana García Loya, directora de Comercio en Vía Pública, negó que el operativo del 2 de diciembre fuera un desalojo de las y los desplazados triquis que por 12 años ocuparon el zócalo y el portal del Palacio de Gobierno.
Fue un “aseguramiento” de mercancía e implementos, defendió la funcionaria sobre el operativo basado en el reglamento de comercio en vía pública, y bajo el cual también aclaró que se devolverán los productos a los propietarios que no se las llevaron en aquella jornada.
Aunque remarcó que carecen de permiso para ejercer la actividad en vía pública y que el regreso no implica que el ayuntamiento avale el regreso a una zona prohibida.
Entendemos la protesta, la respetamos, sin embargo, no pueden ejercer la actividad en vía pública sin el permiso de la autoridad competente, es decir, del cabildo municipal, y menos en una zona prohibida como es el zócalo capitalino”, explicó García Loya.
El operativo, ahondó la funcionaria, obedeció también a un reclamo de la sociedad por las condiciones del zócalo y de otros “sectores” de comerciantes semifijos y ambulantes a los que ya se había reordenado en los últimos meses.
Del operativo, García recordó que en septiembre se habían hecho las primeras notificaciones a representantes de desplazados triquis como Lorena Merino, a quienes se explicó que no pueden comercializar en la vía pública.
La directora negó que las medidas cautelares fueran impedimento para el operativo, en tanto estas no abarcan la posibilidad de vender, sino que la magnitud del problema fue determinante. Además de que no fue sino hasta esta nueva administración estatal en la que el municipio y estado lograron coordinarse para este operativo.
Y porque las demandas principales (de las organizaciones y desplazados) son hacia el gobierno del estado. Como municipio no queríamos generar un conflicto mayor”, apuntó García.
A decir de la funcionaria, primero se ponderó el diálogo y eso hizo que las organizaciones sociales se retiraran “voluntariamente del zócalo” para reubicarse en otros sitios. “Y no hubo mayor conflicto con ellos. Con todos hubo el acercamiento, los únicos que se negaron una y otra vez a dialogar, a tener un acuerdo y respeto de la normatividad fue ese grupo (de Lorena Merino).
Reubicación de UACOL, Sol Rojo y Huazantlán es temporal
Sobre la reubicación de organizaciones en torno a Santo Domingo y el costado del jardín Antonia Labastida, Bibiana García refirió que es temporal y parte de un acuerdo al que llegaron las autoridades estatales y municipio con los manifestantes.
Esto en tanto el gobierno estatal atiende las demandas de tales organizaciones (Unión de Artesanos y Comerciantes en Lucha, Víctimas de Huazantlán y Corriente del Pueblo Sol Rojo). Sin embargo, es incierto el tiempo que permanecerán en tales sitios.
