He recibido cinco amables invitaciones a participar como disertante en distintos foros a desarrollarse antes de que termine el mes.
Con amigo y paisano, el abogado y periodista Noé Mijangos estaré platicando sobre la jurisdicción constitucional en Oaxaca, en su programa “Podio”;
con los jóvenes de la Maestría en Ciencias Jurídico Penales de la Universidad de Guanajuato estaremos abordando el tema “desaparición forzada”;
a instancias de la revista “Pensamiento Jurídico contemporáneo” dialogamos en torno a la justicia constitucional local;
convocado por la Benemérita Universidad de Oaxaca, estaré con Mónica Zárate Apack y Luis Octavio Vado en el Congreso Nacional “Actualidad y futuro del derecho constitucional” intercambiando reflexiones sobre los “Retos del federalismo judicial”; y convocados por nuestra Escuela Judicial en Oaxaca compartiré con jóvenes universitarios estudiantes de derecho algunas ideas sobre el Juicio Para la Protección de los Derechos Humanos en Oaxaca.
Cuatro de estas cinco participaciones giran en torno a nuestro diseño constitucional como República Federal.
Y es que con el federalismo ha pasado lo mismo que con otras instituciones que de tanto llevarse y traerse, en el discurso político se han vaciado conceptualmente.
Términos como federalismo, democracia y derechos humanos -por sólo citar tres ejemplos – por su uso indiscriminado han llegado a significar cosas diferentes para diferentes públicos y en su nombre se defienden causas que poco o nada tienen que ver con su esencia.
El federalismo parte de la idea de entidades federativas (llámense estados) que ceden soberanía para conformar una entidad política mayor que les contenga y les fortalezca.
La Federación, así entendida, va de lo particular a lo general, de abajo hacia arriba, de los estados al Estado.
Indudablemente uno de los fines que guían al federalismo es la prosperidad entendida como bien común, que se traduce en la idea de que todas sus partes integrantes vivan bien o, al menos, igual o parecidamente.
Federalismo debía traducirse al menos en equidad.
Pero el contraste entre los estados ricos y los pobres es quizás la principal prueba de su fracaso.
Así que desde hace tiempo vivimos de facto en un estado más cercano al centralismo por la exagerada concentración de funciones y atribuciones en los poderes federales en detrimento de los de las entidades federativas.
Tanto es así que hemos estado dependiendo exclusivamente de la federación.
El Estado federal está enfermo y el remedio bien podría comenzar a implementarse desde los poderes judiciales: de la Federación y de los estados.
En la arena política se antoja más viable un diálogo más directo, sincero y sinérgico entre el Poder Judicial de la Federación y los de los estados, que entre los otros dos poderes.
A partir de la gran reforma constitucional de 2011 los poderes judiciales comparten en la teoría y en la práctica la elevada misión de defender las Constituciones y los derechos humanos.
Y poco a poco, desde la Suprema Corte, se ha ido “descentralizando” la justicia.
Hoy la mayoría de los estados tienen medios de control constitucional propios y algunos exclusivos, como lo es el Juicio para la Protección de los Derechos Humanos para Oaxaca.
Pero faltan algunos que siguen acudiendo al Poder Judicial Federal para resolver cuestiones constitucionales domésticas.
Ahora que está por llegar una nueva o un nuevo presidente a la Suprema Corte, considero que uno de los puntos de su plan de trabajo debía ser la convocatoria a un nuevo pacto judicial federal para reducir la carga de los asuntos que no deberían llegar hasta los tribunales colegiados y menos hasta la Suprema Corte, y para propiciar que los estados tengan poderes judiciales robustos, con una justicia constitucional que sirva y que deje de estar a la sombra de la justicia federal.
Necesitamos pasar de la sana distancia a la sana cercanía.
Moisés Molina: Magistrado presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
