Con un informe pormenorizado de autoridades locales sobre la forma en que se han dispersado los recursos económicos entregados por el gobierno federal, destinados a reconstruir la infraestructura municipal tras el paso del huracán Agatha, así como la inquietud de pobladores que han detectado irregularidades en nóminas y atraso en varias obras que ya deberían estar por concluirse, el domingo pasado se realizó una asamblea informativa en el municipio de Candelaria Loxicha.
Como parte del proceso para transparentar la aplicación de recursos extraordinarios que los municipios han recibido del gobierno federal y dado que el Comité Ciudadano de Seguimiento, fue el encargado de proponer a los constructores para la ejecución de obras -que en una primera etapa corresponden en su mayoría a rehabilitación de sistemas de agua y techados-; decenas de ciudadanos acudieron a instalaciones de la escuela primaria Cuauhtémoc para escuchar la forma en que se han dispersado los recursos de la primera entrega correspondiente a 25 millones de pesos.
El informe fue realizado por el tesorero municipal, Tomás Hernández, quien expuso las transferencias hechas a los constructores en cada una de las diez obras y los rubros en los que habrían sido aplicados, destacando que faltaría entregar montos exclusivamente de nóminas en los casos donde no se ha podido verificar el avance físico de las obras.
Detectan irregularidades
Durante el exhaustivo desglose de los montos transferidos para cada acción, pobladores de varios comités de obra de las comunidades beneficiadas expusieron su desconcierto por irregularidades en algunas nóminas, donde aparecen personas que no están trabajando y se otorgan sueldos que no se sabe quién estaría cobrando.
Resaltó el caso de un constructor que tiene a su cargo tres obras en Barrio El Escorpión, Barrio Centro y Abasolo, a quien se consideró como irresponsable por no presentarse a dar su informe y por retrasar las obras que ya deberían presentar avances significativos.
Asimismo, vecinos de Barrio Nuevo acusaron la tardanza de los trabajos, el excesivo costo de algunos insumos y una nómina “inflada”, en la que aparecen más de diez personas, cuando en la realidad solo laboran dos albañiles.
No sé por qué tanto están cobrando en la lista de raya si ni siquiera se ve el avance (de la obra); dicen que ya gastaron 500 mil en una obra que no ha avanzado casi nada”, reclamaban los habitantes.
Comité intenta deslindarse
Aunque las obras debieron ejecutarse por administración, y debido a la oposición del Comité de Seguimiento a que la autoridad municipal encabezada por el edil Gabriel Hernández García, ahora con licencia y en búsqueda de la reelección; la adjudicación de las mismas quedó en manos de los integrantes más visibles del Comité, Casto Emilio Rojas Ruiz y Luis Vásquez Esteban, quienes escogieron a los constructores, y ahora tratan de deslindarse de las anomalías y retrasos que se suscitan en varias de las obras.
A pesar de que la gente recriminaba y se lamentaba por los excesivos gastos y las irregularidades, el también candidato a la presidencia, Casto Emilio trataba de evadir la responsabilidad que de manera indirecta tienen él y Luis Vásquez, por haber confiado en empresas que al final no cumplen las expectativas de las comunidades y que podrían fallar en la entrega de las obras para el plazo estipulado por el gobierno federal y local -antes de que concluya el año-.
Otras comunidades donde se realizan obras de reconstrucción son La Galera, El Trapiche, Santa Rita, El Coyote y Los Horcones.
Cabe referir que los 25 millones de la primera asignación de recursos extraordinarios tendrían que aplicarse en diez obras y la compra de un módulo de maquinaria que ya fue adquirido desde hace varias semanas, mientras que los restantes 25 millones serán empleados en obras de rehabilitación de caminos y pavimentaciones, según lo aprobado en asamblea comunitaria.
