Hace veintiséis años, México, el país que había sido propiedad política desde 1930 de un solo partido, daba un giro importante para entrar por fin a eso que de oídas conocíamos como “democracia”, principalmente tomando el ejemplo del vecino Estados Unidos de América, en donde se respetaba el sufragio y alternaban los partidos Demócrata y Republicano en la presidencia del país, la Casa Blanca y en el congreso, el Capitolio.
Se había creado en México una entidad ciudadana autónoma, regida por su propio cuerpo jurídico, primero el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales que creaba el IFE (Instituto Federal Electoral) y que en 2014 se convertiría en INE (Instituto Nacional Electoral), por efecto de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales.
Parecía un amanecer diferente de la vieja rutina electoral en la que el partido oficial arrasaba abrumadoramente, no sólo en la presidencia de la República, sino en las gobernaciones estatales, el congreso de la Unión, los congresos locales, las presidencias municipales y toda forma de elección popular. Ocasionalmente se cedían curules en la cámara baja con los llamados “diputados de partido” a finales de la década de 1950 y después, con la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), en los años setenta del siglo anterior, se creaban las diputaciones de representación proporcional, en un intento por permitir la inclusión en la cámara baja, de partidos minoritarios, lo cual de alguna manera aliviaba tensiones políticas que el país arrastraba.
Los resultados de la reforma electoral de los años noventa, fue que en 1997, el gobierno de la capital del país, sede de los poderes federales, dejaba de recaer en el Jefe del Departamento del Distrito Federal designado por el presidente de la República. Se creaba la “jefatura de gobierno” y el titular sería votado en elecciones generales. Desde entonces, el anterior partido del oficialismo, el PRI, ha perdido todos los comicios y ha triunfado el PRD/Morena (que para efectos prácticos ha sido lo mismo). Desde entonces también, el congreso de la Unión dejó de tener mayoría priista y en el año 2000, el presidente Ernesto Zedillo reconocía la legalidad de las elecciones presidenciales que permitían la alternancia: llegaba el PAN, que repitió en 2006 pero en 2012 regresaba un PRI que se decía “renovado”.
Lo demás, es sabido. En 2018 volvió la alternancia y el poder presidencial cayó en quien menos conocimientos de gobierno posee y que se va perfilando una nueva forma de unipartidismo, matizado esta vez con tintes de dictadura, intolerancia, tiranía, resentimiento social, venganza y extensión de un poder absoluto, por tanto, corruptor.
Hoy en día, desde las alturas de ese poder se quiere “exterminar” (así lo dijo el lider de Morena) al Instituto Nacional Electoral, simulando una propuesta de transformación, pero que en realidad es un golpe que eliminaría todas sus atribuciones y la forma de elección de sus consejeros ¡por voto popular! con propuestas de los tres poderes. No sólo al INE, sino también el Tribunal Electoral del Poder Judicial está en la mira: también se propone desde el gobierno federal, eliminar la figura jurídica actual y reemplazarlo por un ente que dependería totalmente de la voluntad y capricho del grupo en el poder actual, que tiene como meta controlar las elecciones de 2024 para permanecer indefinidamente en el mando político del país y llevarlo tal vez a un esquema semejante a las dictaduras de Nicaragua, Cuba o Venezuela.
El origen de esto no es un sincero afán democrático. El motivo es único y personal: la derrota de 2006, algo que, a pesar de no probar nunca un inventado “fraude electoral”, se alude como tal para aniquilar y exterminar toda forma de pensamiento diferente, toda libertad de expresión y todas las libertades públicas, conquistadas por el pueblo mexicano con trabajo, sacrificio e impuestos, destinados al derroche desde diciembre de 2018. Dixit.
