Mujeres integrantes del Colectivo 50+1 a nivel nacional y todos sus capítulos en más de 28 estados del país, quienes fungen como promotoras y defensoras de los derechos de las mujeres en México, demandaron al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, vetar la reforma aprobada en el Decreto 677 por el cual se eliminó el plazo para que los municipios que se rigen por Sistemas Internos Normativos (SNI) se vieran obligados a cumplir con el principio de paridad de género a partir del 2023.
Por ello, las integrantes del Colectivo se pronunciaron en contra de esta reforma aprobada en su mayoría por las y los diputados de los partidos Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) el pasado 28 de septiembre, ya que afirman que atenta contra los derechos de las mujeres a participar en la toma decisiones en los municipios que se rigen por SNI.
No podemos permitir que la lucha histórica de tantas mujeres para lograr ejercer sus derechos políticos electorales en condiciones de igualdad, sean violentados ante las decisiones de legisladoras y legisladores, mucho menos desconocer el principio constitucional de paridad establecido desde 2014 y las reformas realizadas a nivel constitucional en el 2019 que establece la paridad en todos los cargos y representación pública, incluyendo la elección de las y los integrantes de cabildo en los municipios con población indígena”, señala el documento enviado al Gobernador por parte de María Elena Orantes López, presidenta nacional del Colectivo.
Detalla que Oaxaca ha sido punta de lanza de las reformas que promueven los derechos de las mujeres, “y lo hizo en particular con la reforma contenida en el Decreto 1511 expedido el 28 de mayo de 2020, por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Instituciones Y procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca en materia de paridad y prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género, en cuyo artículo transitorio tercero dispuso su cabal cumplimiento para el 2023”.
Sin embargo, expusieron que con la reforma aprobada el 28 de septiembre, “se cristaliza una doble discriminación en la participación y ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. Además, señalaron que la reforma significa un grave retroceso que elimina la temporalidad establecida para la integración paritaria de ayuntamientos que se rigen por SNI.
Por lo cual demandaron al Gobernador, Alejandro Murat, ejercer su derecho de veto total al Decreto 677 y con ello se respeten los derechos de participación política de las mujeres en los municipios indígenas que están próximos a renovar autoridades.
