Hasta este martes, 36 ciudadanos se habían inscrito ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para buscar la presidencia de México en 2018. Solo una mujer, de entre los aspirantes, había sufrido para cumplir el requisito más básico y sencillo para iniciar el tortuoso camino para asegurar la candidatura independiente: abrir una cuenta bancaria. “No nos quisieron abrir una cuenta en un banco. Nos bloquearon, el banco HSBC. Tuvimos que buscar otro. Desde ahí se ve cómo está amañando este poder”, dijo María de Jesús Patricio, la aspirante nahua del Concejo Indígena de Gobierno y que cuenta con el respaldo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Los independientes podrán participar en 2018 por primera vez en una elección presidencial. La autoridad electoral exige a los aspirantes sin partido a la presidencia tener una asociación civil sin fines de lucro. Esta auxiliará a los candidatos a administrar el financiamiento que reciban para las actividades de campaña, que comienza en marzo del próximo año. Pero sobre todo, la asociación ayudará a los interesados a superar el principal obstáculo que separa a los ciudadanos de a pie de una candidatura presidencial: reunir a contrarreloj 866.000 firmas en al menos 17 de 32 Estados del país. Esto exige reunir, por lo menos, 7.200 apoyos diarios a lo largo de 120 días.
Marichuy, como se le conoce a Patricio, contó con asesoría legal para crear su asociación civil, Llegó la hora del florecimiento de los pueblos. Pero cuando acudieron ante HSBC en Ciudad de México se presentó el primer problema. “Fue el banco el que no quiso. Nosotros llevábamos todos los requisitos”, dice una vocera Congreso Nacional Indígena (CNI) que pide no ser citada por su nombre.
“Ellos [HSBC] argumentaron que Marichuy era parte de Antorcha Campesina [una polémica organización popular vinculada al PRI]”, revela otro integrante del equipo de la aspirante indígena. “Se lo inventaron. Lo usaron como pretexto para rechazarla”. Este integrante de la campaña zapatista considera que existió discriminación por parte del banco. “No veo otro motivo. Aunque fuera parte de esa organización, no tienen por qué negarte una cuenta”.
Lyssette Bravo, vocera de HSBC, rechaza que el banco haya negado abrir la cuenta. “El trámite toma más tiempo para una asociación civil, es un proceso que se llama debida diligencia ampliada. Son procesos largos y hay muchos filtros. En HSBC tenemos una política, know your client, para conocer mejor a los clientes”, asegura vía telefónica. “Habrá otros bancos que hagan el trámite más rápido”, agregó la portavoz. Bravo afirmó desconocer la fecha exacta en la que el equipo de Marichuy comenzó el proceso ante el banco.
Adriana Herández, integrante del equipo legal de Marichuy, asegura que los trámites ante HSBC comenzaron el 12 de septiembre. El 28 de septiembre, fecha en que las partes iban a firmar el contrato, la abogada recibió un mensaje de Whatsapp de Alberto Espinoza Vázquez, funcionario del banco. “El nombre de la señora ma de jesus apareció en una lista de personas ligadas a un grupo antorchista, o algo así me comentaron”, escribió el empleado. Ese mensaje fue la única respuesta que acompañó la negativa. “Hasta el día de hoy HSBC se ha negado a dar explicaciones escritas”, dice Hernández.
Mecanismos que perpetúan la discriminación
Marichuy, una indígena nahua de 53 años, tiene una cuenta de nómina donde recibe un sueldo de la Universidad Autónoma de Guadalajara (Jalisco, oeste de México). Patricio lleva más de dos décadas laborando en la Casa de salud Calli tecolhuacateca tochan, donde atiende a poblaciones indígenas con medicina tradicional y herbolaria. Ella nació en una pequeña comunidad del municipio de Tuxpan (Jalisco) y creció viendo a su abuela y sus tías hacer limpias con plantas y preparando ungüentos para los enfermos de “susto, espanto, aduendado, bilis, debilidad o canícula”, según dijo en una ceremonia en la que reconocieron su trayectoria en 2015.
La negativa de HSBC revela uno de los principales problemas de la población indígena en México, la falta de acceso a los servicios financieros y al crédito bancario. En 2012, un informe realizado por la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred) aseguraba que es casi “un hecho imposible que una persona indígena en México cuente con un expediente en el buró de crédito y aún menos creíble es que posea una tarjeta de crédito o que haya recibido de la banca tradicional un crédito productivo”. Un estudio de la Cámara de Diputados realizado un par de años más tarde reveló que la situación en la que viven los 15.7 millones de indígenas mexicanos no había cambiado. Solo el 1.5% de los trabajadores del campo mexicano de alguno de los 68 pueblos originarios tiene acceso a crédito en 2014.
“El sistema financiero, en su atención no está diseñado para las poblaciones indígenas. Los bancos están en las cabeceras municipales, lejos de las comunidades. No hay cajeros automáticos”, explica Ricardo Raphael, autor del informe de Conapred. “No hay una institución interesada en ayudarlos. Ni las públicas como Financiera Rural o Bansefi. Y a las privadas solo les interesan los clientes AAA. Estos mecanismos perpetúan la discriminación”, asegura.
La abogada Hernández asegura que el trato de HSBC “expresa un trato desigual, diferenciado, discriminatorio, en tanto que obstaculiza el ejercicio de derechos ciudadanos y en particular de las mujeres mexicanas indígenas”.
Fue Banorte, uno de los pocos bancos mexicanos, quien finalmente permitió a Marichuy abrir su cuenta bancaria, con los mismos documentos con los que habían acudido a HSBC, y seguir en la carrera rumbo a la presidencia. “Para lograr este primer paso nos pusieron muchas trabas. Nos quisieron tratar como de la [clase] alta… Esta estructura está diseñada para ellos. No para la gente de abajo, la gente trabajadora”, dijo Patricio el sábado. Entre aplausos, la única candidata indígena inició su camino cuesta arriba y contracorriente.
