A 11 días de que el presidente municipal les entregó el informe del estado en que recibió la administración pública de Oaxaca de Juárez, las y los cinco concejales de representación proporcional del cabildo solicitaron al Órgano de Control Interno investigar las irregularidades citadas en el documento.
A raíz del informe, la actual administración señaló que le fue heredada una deuda de más de 386 millones de pesos, más de 280 millones que los reportados por la pasada administración, que había referido 104 millones de pesos.
Hemos presentado ante el Órgano de Control Interno la solicitud de inicio a la investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas”, explicó este lunes Mirna López Torres, regidora de Derechos Humanos, junto a sus compañeros Juan Rafael Rosas Herrera y Pablo Alberto Ramírez Puga Domínguez. Como ellos, los demás firmantes del documento son Jocabed Betnzos Velázquez y Jesús Joaquín Galguera Gómez.
De acuerdo con los denunciantes, este recurso es para que la contraloría municipal investigue y, en su caso sanciones las faltas administrativas de acuerdo a los hallazgos. También para que dé vista a otras autoridades como el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía General del Estado en caso de detectar presuntos delitos.
Hasta el momento, reiteraron que más allá del informe presentado el 28 de junio por el edil, Francisco Martínez Neri, ante medios y funcionariado, aún no se había procedido ante instancia alguna para investigar y sancionar las presuntas irregularidades. Además de que el ex edil Oswaldo García Jarquín también fijó ya su postura sobre lo vertido en el documento.
Las y los concejales recordaron que de acuerdo con el informe de Martínez Neri la pasada administración de Oswaldo García Jarquín reportó deudas de 104 millones 473 mil 613 pesos, la deuda acumulada es de 386 millones 603 mil 792 pesos. Pero esta, de acuerdo con el informe, abarca presuntas irregularidades cometidas en al menos dos trienios previos al de García Jarquín.
Es por ello que reconocieron que algunas faltas ya no puedan ser sancionadas. “Al analizar cada uno de los rubros, muchos de ellos ya no son materia de aplicación o de recuperación de esta administración, de ahí que hayamos decidido presentar este oficio para que el contralor haga lo propio y no seguir esperando”.
Aunque reiteraron que el informe no es resultado serio de una auditoría, la y los concejales explicaron que hay casos como el uso de recursos etiquetados para obras en pago de nómina, anticipos, entre otros.
De constituirse en faltas administrativas o posibles delitos, la concejal de Derechos Humanos ahondó que las sanciones pueden ir desde la correspondiente por una falta administrativa leve como una amonestación, “restituir lo mal ejercido y, en caso extremo, alguna cuestión penal, pero para que ello pueda darse, deberá sustentarse de manera clara”.
Aunque recordó que en materia de responsabilidades aplica el principio de presunción de inocencia, derecho de defensa, audiencia y legalidad. Pero de ser algo grave podrá ser judicializado.
Danza de cifras
- 386 mdp 603 mil 792 pesos deuda municipal
- 104 millones 473 mil 613 pesos reportados por administración pasada
