En un mensaje, el embajador reconoció que la seguridad es una responsabilidad compartida entre México y Estados Unidos, y afirmó que sus esfuerzos están dando frutos.
“Gracias al liderazgo del presidente Biden y el apoyo bipartidista del Senado de los Estados Unidos, ahora podemos tipificar al tráfico de armas como un delito federal. Ese marco legal no sólo servirá como una herramienta para frenar el tránsito ilegal de armas del norte hacia el sur, sino que también nos ayudará a fortalecer la seguridad de las familias mexicanas y estadounidenses”, expuso el diplomático.
Respecto a las nuevas disposiciones aprobadas por el Congreso, explicó que estas consisten en prohibir que alguien deliberadamente compre o conspire para comprar un arma de fuego en nombre de una persona que no tiene permitido portarla, o busca cometer un delito federal o estatal.
En segundo lugar, prohíbe transferir un arma de fuego o municiones a una persona que sabe o tiene motivos para venderla para cometer un delito federal o estatal.
Las disposiciones también prevén sanciones para una persona que introduzca de contrabando un arma de fuego o municiones, con la intención de participar o promover una conducta que constituya un delito federal o estatal, o bien, intentar o conspirar para hacerlo dentro o fuera del país.
Al respecto, Ken Salazar manifestó que aumentan las penas máximas de prisión por transferencia y posesión ilegal de armas de fuego de 10 a 15 años, y hasta 25 años si se pretende usar un arma de fuego comprada fraudulentamente para cometer un delito federal o estatal.
También incrementan las penas para las personas condenadas por compra fraudulenta y tráfico de armas. Además, precisó que una persona “afiliada a una pandilla, cartel, red de crimen organizado u otra organización de este tipo está sujeta a penas más altas que una persona que no esté afiliada”.
Adicionalmente, se designan nuevos delitos de compra fraudulenta y tráfico de armas de fuego como “actividades del crimen organizado” y como una “actividad ilegal especificada” para lavado de dinero.
