Luego de presentar su informe sobre cómo recibió la administración y desvelar una deuda heredada de 386 millones de pesos, el actuar del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, fue objeto de aplausos, pero también de exigencias por parte de su cabildo.
En la sesión ordinaria de este jueves, a dos días de compartirlo presencialmente ante medios de comunicación y funcionariado, el concejal entregó copias del mismo a sus compañeros de cabildo. La rendición de cuentas como exigencia ciudadana, el que se informe del estado de la administración y no se solape a antecesores o que se dé seguimiento en las instancias correspondientes, fueron algunos de los elogios y exigencias emanados entre compañeros del partido Morena y los de oposición.
Pero lo fue también la demanda porque no se hagan señalamientos anticipados ni justifiquen acciones; o el que la deuda heredada se convierta en excusa para la actual administración y se generen expectativas falsas en la sociedad.
Tras aclarar que el informe “no es el resultado de un proceso de fiscalización” del que deriven observaciones y haya la posibilidad de fincar responsabilidades, la regidora Mirna López Torres pidió que lo contenido en él se comparta con las autoridades fiscalizadoras y estas inicien los procedimientos correspondientes.
Asimismo, aclaró que la cuestión penal es ajena al cabildo, en tanto la administración no puede sancionar e incluso la contraloría solo puede sancionar faltas no graves de servidores públicos de designación y no los electos. Esto es competencia del Tribunal de Justicia Administrativa”, añadió.
Cuidado con anunciar penas que después no sé si se puedan aplicar y eso lleve a un desencanto en la ciudadanía”, refirió la concejal de Derechos Humanos sobre el riesgo de que más tarde se tache a esta administración de ser “tapadera de malos manejos”.
Que el informe no sea una cortina de humo” ni una excusa para el gabinete ampliado y operativo, pidió la regidora.
Juan Rafael Rosa, quien como López Torres es concejal de representación proporcional, exigió que el cabildo no sea omiso sino recupere la confianza ciudadana.
En tanto, otros concejales pudieron dar seguimiento al informe y que no se cubra el actuar del gobierno que encabezó Oswaldo García Jarquín, pero tampoco los de otras administraciones.
Que se sancione a quien se tenga que sancionar, externó la regidora Deyanira Altamirano, al tiempo de pedir que este cabildo sea honesto y denuncie un actuar que “no corresponde”.
Dar seguimiento para saber si se configuran delitos y no solo informar a las instancias correspondientes fueron las peticiones de concejales como Irasema Aquino, Ismael Cruz Gaytán y René Ricárdez Limón. Este último, que coincidió con López Torres sobre no tomar la crisis como pretexto, agregó que en el informe no se implica solo a la pasada administración sino a otras que le antecedieron, por lo que debe hacerse lo pertinente con ellas.
Tras lo vertido en la sesión, Martínez Neri aclaró que el informe es “una relatoría de hechos y circunstancias”, pero que si tales tienen “una conexión con otra situación”, se tiene que dar seguimiento por otra vía jurídica o legal. “De aquí a donde corresponda”, apuntó, aunque reconoció que en el caso de la contraloría interna hay casos que pueden darse por prescritos y no se podría hacer más cosas que la condena social. Y así como sus pares pidieron que se le dé seguimiento al documento, demandó lo mismo a ellos.
Algunas deudas
- 58 mdp, compromisos con “acreedores” diversos
- 14 mdp, deuda con pensiones
- 27 mdp por “compromisos laborales
