Desde septiembre del 2019 hasta la fecha, las instalaciones del Centro de Readaptación Social (CERESO) de Juchitán de Zaragoza han sido custodiadas inicialmente por elementos de la Policía Estatal Preventiva, seguidos de la Policía Auxiliar Bancaria y Comercial (PABIC), Policía Municipal y en la actualidad por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Al tomar en sus manos el resguardo de las instalaciones que albergaron por años a reclusos del orden estatal y federal, las autoridades municipales de seguridad destacaron en su reporte de hechos, que los barrotes de puertas y ventanas de las celdas, así como de otros espacios, habían sido retirados con sopletes y herramientas.
Durante los primeros días del mes de septiembre del 2019, de manera sorpresiva, elementos de la Guardia Nacional y policías estatales preventivos trasladaron a 182 internos del (CERESO) de esta ciudad, al reclusorio particular de Tanivet argumentando una acción preventiva.
En esas fechas, por instrucciones superiores los internos del CERESO de Juchitán, Matías Romero, entre otros instalados en la entidad oaxaqueña, fueron tomados por sorpresa y trasladados masivamente al Centro Penitenciario de Tanivet, dejando abandonadas las instalaciones.
Con la llegada de los primeros rayos del sol, el rumor del traslado corrió entre los familiares de los internos quienes se concentraron masivamente a la entrada de las instalaciones y posteriormente ingresaron con verificar que se encontraban abandonadas; luego lograron recuperar algunas pertenecías como hilos y hamacas, mientras los objetos de valor fueron retirados por la policía estatal preventiva.
Posterior al terremoto del mes de septiembre del 2017, las dos torres de seguridad y paredes del edificio sufrieron daños, motivo por el cual la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca (SSPO) determinó retirar a los elementos de la Policía Estatal Preventiva de los puntos de vigilancia.
El terreno en donde fue construido este centro de reinserción presuntamente es propiedad del pueblo juchiteco, aún cuando el gobierno del estado en su momento argumentó que era de su propiedad.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha tomado conocimiento de los hechos para confirmar el robo de los barrotes, o en su caso argumentar el motivo por el cual fueron retirados y el uso que les darán.
