Para juzgar con perspectiva de género, es necesario combinar la aplicación de los estándares más altos de protección de los derechos de las personas, como el Interés Superior de la Niñez, el ordenamiento constitucional, los tratados internacionales, las leyes vigentes y la jurisprudencia derivada de los tribunales nacionales y cortes internacionales; todo ello con el fin de respetar la dignidad humana y hacer efectivos los derechos de todas y todos.
Al señalar lo anterior, la jueza Primero Civil de Tlacolula, Liliana Noyola Canseco, destacó que los derechos de niñas, niños y adolescentes son una prioridad para el Poder Judicial del Estado, principalmente cuando su integridad y bienestar se involucran en un proceso judicial.
El Interés Superior de la Niñez no está proyectado en su deseo o forma de sentir, precisamente al juzgador es a quien le corresponde valorar todo el material probatorio que se llevó en el juicio para determinar cuál es el ambiente más favorable para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Al juzgar con perspectiva de género y quitarnos esas etiquetas de los estereotipos estamos juzgando a favor de los sectores vulnerables”, enfatizó.
En entrevista, la jueza indicó que el derecho que tienen los menores de edad a emitir su opinión o forma de pensar en los asuntos donde se vea afectada su esfera jurídica, se encuentra reconocido en el artículo 12 de la Convención sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, y al ser precisamente un derecho es importante la voluntad de ellos de querer participar o no, es decir de que sean escuchados y tomados en cuenta para la solución del asunto en que se encuentran implicados.
Asimismo, destacó la importancia de tomar en cuenta su estado de madurez con el fin de que puedan expresar su opinión, atendiendo al principio de autonomía progresiva y su debido desarrollo, ya que las autoridades son responsables de supervisar que se protejan en todo momento sus derechos, integridad y estabilidad emocional.
Como lo ha establecido el magistrado presidente Eduardo Pinacho Sánchez, el Poder Judicial del Estado está comprometido en garantizar una administración de justicia en condiciones de igualdad y sin discriminación o diferencias de trato.
