El fraude detectado en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) es mucho mayor a lo estimado originalmente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), y podría alcanzar hasta 10 mil millones de pesos. En el contexto de estas investigaciones ya compareció el ex director del organismo, Ignacio Ovalle Fernández, revelaron mandos de la Fiscalía General de la República (FGR).
El caso fue turnado a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), ya que las irregularidades impactaron el manejo financiero y operativo del organismo conformado por Diconsa y Liconsa, ya que además de la contratación y venta irregular de suministros y entrega de apoyos para la producción agrícola, se habían desviado 100 millones de pesos para la compra de acciones bursátiles. En un inicio, se calculaba que el daño al erario era de alrededor de 8 mil 600 millones de pesos.
La cantidad que se investiga representa el doble de los desvíos atribuidos a las acciones realizadas en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, motivo por el cual la ex secretaria Rosario Robles Berlanga se encuentra sujeta a proceso, al estimarse en 5 mil millones de pesos el probable daño al erario federal.
Las autoridades entrevistadas revelaron que el caso Segalmex fue trasladado de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FECC) a la Femdo ante la posible existencia de una red de corrupción involucrada en desvíos de inventarios de maíz y frijol; nóminas “fantasmas”; simulación de operaciones relacionadas con la compra de leche, granos básicos y trigo, así como de pesticidas, gastos en transporte de productos agrícolas, subutilización de bodegas propiedad de Segalmex, adquisición de granos a productores que no requerían subsidios y venta de los productos a empresas privadas por debajo de los precios de garantía.
La primera etapa de las investigaciones la llevó a cabo el área a cargo de la fiscal María de la Luz Mijangos Borja, titular de la FECC, lo que dio como resultado la consignación de un expediente relacionado con la autorización que dio René Gavira Segreste, ex director de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa, para que se adquirieran bonos bursátiles. Lo que ya arrojó como resultado la devolución de los recursos.
Sin embargo, la presentación de denuncias por parte de la SFP y de la ASF indican la posible realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita en una red de complicidades que involucra a funcionarios y empresas, lo que generó que el caso pasara a la Femdo, que encabeza Alfredo Higuera Bernal.
En torno a estas indagatorias –de las que se abrieron más de 15 carpetas de investigación– ya compareció el ex director de Segalmex, Ignacio Ovalle, quien fue sustituido en el cargo en abril pasado por Leonel Cota Montaño.
De acuerdo con la información obtenida, Ovalle –quien ahora es coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), adscrito a la Secretaría de Gobernación–, tuvo una comparecencia en la que se le cuestionaron los mecanismos de asignación de contratos, la falta de controles administrativos y de mecanismos de supervisión y detección de irregularidades, así como de la colocación de recursos públicos en fondos bursátiles.
De inicio, la Femdo investiga la utilización presuntamente irregular de más de 3 mil millones de pesos del ejercicio 2018-2019 y anomalías en el ejercicio del presupuesto 2020, por un monto de 5 mil 640 millones de pesos, además de irregularidades en el manejo y contabilidad de los ingresos propios de Segalmex en ambos ejercicios fiscales, motivo por el cual la ASF realizó diversas observaciones que no han sido subsanadas.
Entre otras cosas, se indaga, con apoyo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el destino de los recursos señalados con irregularidades y los probables funcionarios y empresas que se beneficiaron de este desvío de fondos.
La Femdo indaga, entre otras cosas, los montos recibidos por la comercialización del frijol en 2019, ya que de acuerdo con los reportes de la ASF “se desconoce si se negociaron los precios y condiciones de la venta con base en la situación que prevalecía en el mercado, y el destino (empresas beneficiadas con su registro federal de causantes, volúmenes entregados, el precio de venta de cada uno de los productos y montos de recursos recibidos por la comercialización y su reflejo en el presupuesto y los estados financieros) que tuvo el maíz, y la leche adquiridos a precios de garantía”.
Asimismo, con base en los resultados de la auditoría de 2020, “el total de maíz comercializado con empresas particulares”, ya que Segalmex vendió a dos empresas 15 mil 420 toneladas a 13 mil 100 pesos la tonelada, “por debajo del precio medio rural de 14 mil 243 pesos”.
