La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 6VG/2017 al gobierno y autoridades de Veracruz por la detención arbitraria y desaparición forzada cometidas en agravio de tres jóvenes, así como por la retención ilegal de un menor de edad.
La recomendación se deriva de violaciones graves a derechos humanos ocurridas el 19 de marzo de 2016.
De acuerdo con los hechos, ese día tres jóvenes se encontraban a bordo de un vehículo particular con reporte de robo en Papantla, quienes ante la presencia de personal de la Policía Preventiva Municipal pretendieron darse a la fuga, por lo cual los agentes dispararon sus armas de fuego hacia los neumáticos del automóvil.
Una vez que la unidad detuvo su marcha, dos patrullas de la citada corporación detuvieron a dos de los ocupantes del vehículo y permitieron que el otro se retirara, según lo referido por una persona de sexo masculino que presenció los hechos y quien también fue privado de la libertad.
Ocho días después, el 27 de marzo, un menor de edad refirió ante el agente del Ministerio Público de la Federación en Poza Rica, Veracruz, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron detenidos los tres jóvenes.
El 28 de marzo, fue puesto bajo la custodia de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Papantla, Veracruz, en espera de que compareciera la persona que ejerce la patria potestad, lo que ocurrió el 10 de octubre de ese mismo año.
De las evidencias que la CNDH se allegó con motivo de su investigación de los hechos, se contó con elementos para acreditar violaciones graves a los derechos humanos, entre ellos, a la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal por la detención arbitraria de los tres jóvenes, atribuible a servidores públicos de la Policía Preventiva Municipal de Papantla.
Ante ello, en términos generales, recomendó al gobierno estatal implementar en un plazo no mayor a seis meses, acciones a través de políticas públicas adecuadas para solucionar y combatir los altos índices de violencia y criminalidad que imperan en la entidad.
También, fortalecer mecanismos de participación ciudadana, que permitan escuchar a la población y atender problemáticas relacionadas con el tema de seguridad pública, en particular en los municipios con más incidencia de desaparición de personas.
Al fiscal general de Veracruz le solicitó tomar cuenta las observaciones de esta recomendación para la debida integración y determinación de las carpetas de investigación iniciadas con motivo de la desaparición forzada de las víctimas, a fin de que se esclarezca su destino final.
Además, deberá colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formule contra servidores públicos de la Fiscalía General de Veracruz y de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Papantla, por su probable responsabilidad en la retención ilegal de un menor de edad.
Al presidente municipal de Papantla le pidió instruir a quien corresponda, a fin de que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se brinde a los familiares de las víctimas, una reparación integral del daño, mediante el pago de una compensación y/o indemnización justa tomando en cuenta la gravedad de los hechos, y se les proporcione la atención médica y psicológica que requieran.
Además, se deberá inscribir al menor de edad víctima en el Registro Nacional de Víctimas, cuyo funcionamiento está a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a fin de que se le brinde la atención médica y psicológica que requiera con motivo de la retención ilegal que sufrió, entre otras recomendaciones.
