Pese a los múltiples exhortos, puntos de acuerdos e incluso iniciativas que han avalado las y los diputados del Congreso del Estado de Oaxaca, a la fecha la gran mayoría son letra muerta y muchos fueron desechados o se quedaron en la congeladora.
Una de las iniciativas más recientes que no se cumplen en la entidad oaxaqueña, son las reformas y adiciones a los Artículos 4, 24 Bis de la Ley de Movilidad para el estado de Oaxaca, donde se prohíbe en cualquier modalidad el cobro de tarifas o cuotas por el resguardo de vehículos dentro de los centros comerciales, supermercados, tiendas de autoservicio o cualquier otra institución física o moral.
Aunque esta norma que fue aprobada por la 64 Legislatura establece además que los establecimientos deberán brindar cajones de estacionamientos gratuitos para sus clientes, los grandes centros comerciales que se ubican en la Zona Metropolitana de Oaxaca (ZMO) continúan cobrando, incluso algunos incrementaron sus tarifas a partir del mes de enero.
Así también figuran puntos de acuerdo que salieron a relucir durante la pandemia por Covid-19, como la exigencia de las y los diputados de la 65 Legislatura para exigir al sector salud instalar módulos en los 570 municipios para llevar a cabo pruebas gratuitas de PCR, lo que nunca ocurrió debido a la falta de presupuesto e inviabilidad de esta exigencia.
Otra iniciativa que sigue sin cumplirse son las reformas al Artículo 20 Bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que prohíbe la venta de productos con alto contenido calórico y bebidas azucaradas a menores de edad.
Esta norma conocida como “Ley Antichatarra”, también fue aprobada por la 64 Legislatura y ante la falta de capacidad económica y material de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), no se aplica en ninguna de las ocho regiones, mucho menos en las instituciones educativas.
En el listado de las leyes que la autoridad no ha acatado, aparece la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, mejor conocida como la “Ley Anti-Pet”, que prohíbe en todo el estado la venta, distribución o uso de botellas desechables de plástico y los envases y embalajes desechables de unicel.
Pese a la crisis ambiental que se vive en la Zona Metropolitana por los cierres constantes del basurero municipal, ninguna autoridad o comercio acata esta norma, incluso existen amparos por parte de las grandes cadenas comerciales para evitar ser sancionados por comercializar estos productos.
