Tras casi 16 años de pedir justicia por la muerte de una jovencita durante un aborto mal practicado, finalmente se logró reaprehender a dos médicos presuntamente involucrados.
Los profesionales de la salud identificados como Alfonso S. Z. y Darwin P.G., fueron puestos a disposición del juez Primero de lo Penal, quien determinará su situación jurídica y si hay los elementos suficientes para dictar la sentencia.
En agosto de 2006, Marlyn de 22 años de edad, acudió acompañada de su pareja Josué R. C., a un consultorio dental ubicado en Plan de Ayala y Prolongación de Victoria, en la agencia de Cinco Señores donde un médico tratante y un anestesiólogo le realizaron un aborto.
Esa misma mañana del 16 de agosto, Marlyn salió en ambulancia del consultorio médico, el camillero declaró que la paciente estaba cubierta por una sábana, inconsciente, entubada y sangraba por la boca.
Al llegar al Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso, la mujer ya no tenía signos vitales, se determinó que presentaba hemorragia post aborto y paro respiratorio.
El acta de defunción de Marlyn señalaba que la causa de la muerte había sido la irrigación sanguínea por hemorragia interna severa por la ruptura del paquete vascular en la subclavícula derecha.
Los dictámenes de la Procuraduría del Distrito Federal, a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico y hasta un tercer perito en discordia confirmaron que la joven murió por un choque anafiláctico por administración de los medicamentos que le aplicaron en el consultorio particular.
En la resolución pericial realizada por el perito de la PGR, se establece que durante la intervención realizada por los médicos Alfonso y Darwin no se observaron por lo menos tres normas oficiales de atención médica.
Al ser aprehendido, el médico había declarado que la pareja pasó por casualidad por la calle y solicitaron su servicio a causa de un aborto incompleto. Aseguró que la muchacha murió por un aborto provocado, pero que no sabía dónde ni quién.
Los médicos, durante el tiempo transcurrido, han interpuesto amparo tras amparo, al apostar a la burocracia y al olvido.
La mamá de la víctima, ha recorrido incansablemente los juzgados para pedir justicia, lleva 16 años pidiendo castigo para los médicos a quienes denunció como responsables por la muerte de su hija en la práctica de un aborto en condiciones clandestinas.
La denunciante dijo ante las autoridades desconocer si la decisión de abortar la tomó en común acuerdo con su pareja o si la obligó. Al momento de la intervención tenía siete semanas de gestación.
Nunca se le otorgó la reparación del daño y la pareja de su hija quedó libre de cualquier responsabilidad.
