A 24 días de que se lleve a cabo la consulta de la revocación de mandato, el Pleno del Senado avaló que todo servidor público, entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador, puedan promocionar la consulta, sin ser sancionados.
En un tercer intento en el Pleno del Senado, Morena y aliados hicieron mayoría con 67 votos a favor, por 34 en contra de la oposición, para aprobar en lo general y particular un decreto de interpretación directa del término propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones de la Ley Federal de Revocación de Mandato.
El decreto fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que entre en vigor de manera inmediata.
En un duro debate, la oposición acusó a Morena de modificar las reglas del juego en plena veda electoral, únicamente para que los funcionarios públicos morenistas puedan salvarse de sanciones por la difusión de propaganda a favor de la revocación de mandato.
Los senadores de Morena, por su parte, argumentaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) quiere que fracase la consulta de la revocación de mandato, ya que no le dan difusión en los espacios públicos de radio y televisión, por lo cual es necesario el decreto de interpretación para que millones de mexicanos salgan a votar el 10 de abril en la consulta de revocación.
El decreto precisa que “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, ni la información de interés público que debe ser difundida bajo cualquier formato por las personas servidoras públicas”.
También se establece que las sanciones aplicables a las autoridades o personas servidoras públicas de cualquiera de los poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos de gobierno de la Ciudad de México, órganos autónomos y cualquier otro ente público deberán ser aplicadas bajo el principio de estricto derecho y “no podrán aplicarse sanciones por analogía o mayoría de razón”.
Asimismo, define el término de propaganda gubernamental como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas, bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin, por un ente público con el objeto de difundir el quehacer, las acciones o los logros relacionados con sus fines, o información de interés público referida al bienestar de la población.
El decreto avala aplicar con imparcialidad los recursos públicos, entendidos como la instrucción a personas servidoras públicas subordinadas por el cargo que se ejerce, la aplicación de recursos financieros para el pago directo de, o la ocupación de cualquier tipo de bien material propiedad pública bajo su cargo o con acceso a éste, de manera absolutamente ajena a la realización de reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, aquellos actos que impliquen apoyo a personas aspirantes, precandidatas, candidatas o a partidos políticos antes, durante o después de campañas electorales;.
El decreto interpreta los artículos 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como los 33 y 61 de la Ley Federal de Revocación de Mandato
