Ante el clima social y político que se vive en la entidad oaxaqueña, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) advirtió condiciones de riesgo para personas defensoras de derechos humanos, activistas y luchadores sociales de la Mixteca, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que garanticen el libre ejercicio de las actividades de este sector.
La Defensoría informó que, entre enero de 2018 y septiembre de 2021, inició 61 expedientes, entre quejas y cuadernos de antecedentes por agresiones a personas defensoras de derechos humanos de las ocho regiones del estado, por lo que se pronunció por fortalecer las capacidades de respuesta institucional para la protección de personas defensoras y activistas de derechos humanos.
“A más de un año del homicidio del activista y dirigente regional del Frente Popular Revolucionario, Tomás Martínez Pinacho, así como de los cometidos contra ambientalistas y defensores de la tierra y territorio, la defensoría hizo un llamado a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia para esclarecer a la brevedad estos casos a través de una investigación exhaustiva”, señalaron.
Puntualizaron que para la DDHPO, el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos, activistas y luchadores sociales, así como las de sus propias familias implica la sanción a los responsables, la atención a las víctimas directas e indirectas, así como garantías de no repetición.
“Los activistas y defensores de derechos humanos son esenciales en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, pues dan voz a grupos históricamente invisibilizados, además de poner en la agenda pública las desigualdades que afectan a la sociedad en su conjunto y, con ello, dirigir o redirigir las políticas públicas para una atención integral”, sostuvieron.
Aseveraron que frente a un contexto electoral es fundamental la protección de las personas defensoras, activistas y luchadores sociales, además de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas de un hecho delictivo, con el fin de acabar con la impunidad, como un elemento fundamental para detener la violencia contra estos grupos.
De la misma forma, la DDHPO solicitó a las agrupaciones, sindicatos y gremios, priorizar el equilibrio de derechos, ya que todas aquellas manifestaciones de inconformidad que menoscaban las garantías de la ciudadanía, pierden legitimidad y respaldo.
