La crisis en los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) tiene fincadas raíces desde el interior de la institución, en donde líderes sindicales han aprovechado la débil o nula fiscalización y la autonomía que la Federación había otorgado a esa instancia del gobierno estatal.
Uno de los beneficiarios directos es el dirigente de la Sección 35, Constantino Mario Félix Pacheco, quien aprovechó su posición dentro del gremio para disponer, traficar, “regalar” y vender plazas en contubernio con funcionarios de la dependencia.
La malversación de recursos empezó desde hace un lustro, cuando el sector presentaba una deuda de 450 millones de pesos (mdp), y los compromisos financieros repuntaron 125% para llegar a los 950 mdp; lo anterior pese al aumento presupuestario que entregó el gobierno federal de 300 mdp para cubrir en lo posible los hoyos financieros de los ejercicios 2020 y 2021.
Durante estos años se aprovechó una extensa y jugosa red de tráfico de plazas de personal de base y repuntó de manera desmedida la contratación de personal para beneficiar a familiares de trabajadores y dirigentes.
Y de nueva cuenta surge como figura central del entuerto el secretario general de la Sección 35, Mario Félix Pacheco, quien benefició con plazas federales a dos de sus hijos, un allegado y familiares.
El registro más reciente que se tiene, por ejemplo, es el de su hijo Johan Félix Vásquez, quien cuenta con una plaza de administrativo en Salud A-7 de origen federal, con un salario quincenal de 8,205.50 pesos. Otro de sus hijos, Mario Félix Vásquez, usufructúa una plaza federal administrativa en Salud A-8, con un salario quincenal de 8,594.00 pesos.
Un personaje cercano al líder sindical, de nombre Omar Jesús López Sánchez, detenta una plaza federal como Técnico en Estadística en área médica con un salario quincenal de 8,864.67 pesos.
Sin embargo, se desconoce la trayectoria en el área, pues de acuerdo con el diputado local, César Morales Niño, todos ellos brincaron la lista de espera de personal eventual y de la noche a la mañana les fueron asignadas las plazas.
Las movilizaciones y protestas que se han escenificado en la capital y el estado, que han dejado vacíos o semivacíos y sin atención a la ciudadanía tienen un origen: las comisiones que se otorgó al personal de base.
Mediante “acuerdos” sindicales, muchos de los que detentan una plaza y que laboraban en zonas foráneas, consiguieron el cambio y la mudanza a la ciudad, y en la capital u algunas otras ciudades, ocupan puestos administrativos, con lo que dejaron a las poblaciones sin médicos y enfermeras.
Ante este boquete sindical, y en contubernio con funcionarios de pasadas administraciones y de las actuales, los Servicios de Salud de Oaxaca debieron contratar personal eventual para cubrir esas áreas; sin embargo, el presupuesto asignado para el sector salud no comprendía esos pagos e iniciaron los desvíos de recursos en contubernio con gobierno del estado.
Para ello se emplearon los descuentos aplicados a los trabajadores mediante el Impuesto Sobre la Renta, los cobros que debieron ser entregados a terceros institucionales, las cuotas al ISSSTE y algunas otras obligaciones.
Desvían recursos
El diputado local César Morales Niño, integrante de la Comisión de Salud de la 64 Legislatura local, confirmó en entrevista con EL IMPARCIAL, el Mejor Diario de Oaxaca, que para pagar al personal irregular se desvío dinero de la retención del ISR, cuotas sindicales y pagos al FOVISSSTE, que suman alrededor de 4 mil millones de pesos.
Durante la pandemia en 2020 y hasta el pasado 16 de septiembre, los trabajadores irregulares se mantuvieron en la primera línea de combate al Covid-19, mientras la mayoría de personal basificado se retiró de los centros de trabajo, pero seguía recibiendo salarios completos e, incluso, el “bono Covid”, que estaba destinado a aquellos que se encontraba en la primera línea de atención a la ciudadanía ante la pandemia y que brindaba atención directamente en hospitales.
Ante el despido de los 5 mil 100 trabajadores “eventuales”, al personal de base se le solicitó regresar a sus centros de trabajo en las zonas foráneas; sin embargo, la mayoría se ha negado a retornar a sus lugares donde están asignadas esas plazas, las cuales están “justificadas” como comisiones sindicales.
El abandono de las plazas, la negativa de retornar a las comunidades donde detentan las plazas ya han cobrado vidas humanas; el más reciente de los casos se dio en Ciudad Ixtepec, donde una mujer embarazada, ante la falta atención médica, falleció al igual que su bebé.
De acuerdo con información periodística, el deceso de ambos pacientes ocurrió el domingo 19 de septiembre por la tarde, ya que la mujer presentaba síntomas de Covid, requería ser intubada, pero no hubo quien prestara el servicio médico. La falta de personal y el cierre de servicios en los hospitales y clínicas de Juchitán impidió que la mujer y su hijo recibieran atención a tiempo.
La mujer estaba en Juchitán, después fue llevada a Ixtepec y ahí tampoco contaban con oxígeno por lo que murió después de retornar a una clínica particular de Juchitán.
Al investigar la situación de la región Istmo, se logró identificar que la ginecóloga y su esposo, un médico cirujano, tenían tres meses sin ir a trabajar, recibían su salario, bono Covid y estaban comisionados.
Dentro de estos mismos hechos, se pudo establecer que Eloy López Gómez, delegado sindical en ese lugar, tiene código como despachador de farmacia, puesto para el cual se necesita haber cursado mínimo cuarto semestre de farmacología o químico parasitólogo y no cuenta con el perfil; por el contrario, es abogado sin título y aún así está ostentando una plaza de médico.
En esta situación se encuentran dos personas más, el contador Gustavo Ruiz Garnica, tiene código MO-2078, rama paramédicos, con funciones de terapia de rehabilitación; es contador ostentando una plaza médica. Y Vladimir Santos Pineda, con código MO-2078, era asesor de la Secretaría de Salud con un perfil de ingeniero, ostentando una rama médica.
El legislador puntualizó que estas prácticas fomentaron que muchas personas, al amparo del sindicato y con la anuencia de funcionarios de salud, obtuvieran recursos adicionales sin ir a trabajar. De acuerdo con el primer proyecto de reordenamiento del sector salud, éste pasará al gobierno federal a través del IMSS-Bienestar.
Aseveró que por esta mudanza, la dirigencia sindical está asustada, porque es cómplice y beneficiaria de estas anomalías y exhortó a sus trabajadores para que regresen a trabajar porque “ya no los van a proteger”.
“El dirigente sindical Mario Félix podría ser encarcelado como principal promotor de la corrupción en el sector salud, pues la dirigencia engañó al personal irregular; fueron entregadas falsas bases, se vendieron espacios y repartió beneficios con el Gobierno del Estado; se entregaron plazas a cambio de bonos económicos”, añadió Morales Niño.
Finalmente, el gobierno de Oaxaca, para entregar el sector salud al IMSS-Bienestar, informó que solicitará una deuda por 2 mil 100 millones de pesos a pagar en 15 años; es decir, comprometería recursos para los próximos dos sexenios y medio, pues la dependencia federal está renuente a aceptar anomalías y hacerse cargo de la deuda.
La contratación para el personal despedido será a través de exámenes de conocimiento y con experiencia en el área. Ese sería el camino para rescatar un sistema de salud postrado y en estado de coma.
