“A tu familia no le importas y nosotros somos policías. Ahorita te vamos a meter un balazo en la cabeza, te vamos a aventar al río y a nadie le va a importar”, recuerda que le decían los policías.
El 29 de julio pasado, el presidente López Obrador anunció el Decreto para excarcelar a ciertas personas. Ella se enteró horas más tarde. Fue, después, cuando regresó a su celda en el Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla y sintonizó el noticiero de la noche, que escuchó su nombre mencionado. La pesadilla que llevaba 10 años viviendo, acusada de un delito que no cometió, podía llegar a su fin.
Con la voz entrecortada, María Isabel me narra los 60 días de arraigo por el secuestro de sus ex jefes. Me cuenta de tres días en específico, donde la tuvieron en un cuarto completamente aislada sin acceso a un abogado y sin poder decirle a sus papás y cuatro hijos chiquitos dónde estaba.
“Vas a hablar porque vas a hablar”, recuerda que le gritaban los policías. “Esposada en una silla, me agarraban a golpes, me ponían una bolsa en la cabeza y me tapaban la boca para que no pudiera respirar. En algún momento me empezaron a hacer en mi cuello algo con los dedos que me dejaba desmayada y luego me revivían y así toda desorientada me enseñaban unas carpetas con fotos de supuestos criminales para que yo los señalara. Yo no tenía idea de qué estaban hablando. Recuerdo ver sangre en el piso y no tengo mucha noción del tiempo. Después supe que me habían tenido tres días ahí hasta que una jueza me vio- toda golpeada y orinada- y dictó mi arraigo durante 30 días primero y luego 30 días más. Nunca vi a un abogado y terminé, desesperada, firmando unos papeles de una supuesta declaración que jamás hice”, relata.
Hace unos días, López Obrador anunció que el Decreto Presidencial permitiría que salieran de la cárcel, entre otras, las personas que puedan acreditar tortura al momento de la detención por medio del Protocolo de Estambul. María Isabel fue la primera mujer liberada por instrucción directa de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. Salió de prisión el 5 de agosto pasado.
“Mi vida en Santa Martha fue muy difícil los primeros años. Jamás pensé terminar en un lugar así. Deje a cuatro hijos chiquitos que no entendían por qué de repente yo ya no estaba. Sufrieron mucho y no pude verlos durante cuatro años. Los siguientes seis años me los pasé haciéndoles ver y entender que yo no los había querido dejar y lo que estaba viviendo era una injusticia”, continúa.
María Isabel es de las “afortunadas” que tuvo familia -sus papás- que promovió el protocolo de Estambul tras la tortura en el 2011, mismo año que los peritos acreditaron el mismo. Durante 10 años, con un protocolo acreditado, no entendió cómo este no le ayudó para salir de prisión.
Hace un par de semanas, la mandaron llamar a las oficinas de la Directora de la cárcel, alrededor de las tres de la tarde. Días atrás la habían buscado unos abogados que jamás había visto. “Me preguntaron si realmente tenía el protocolo acreditado porque ellos no veían nada en el expediente. Le hablaron a mi papá y le dijeron que nombrarme había sido un error, ya que no tenía el protocolo acreditado dentro de mi expediente y mi delito era grave. Por suerte mi papá guarda copia de todos mis documentos y nos movimos rápido para poder pelear mi libertad”, me dice.
El jueves 5 de agosto, más de 10 años después de ser detenida y con una sentencia de 65 años, se despidió de su novia Martha, quien cumple una sentencia de 10 años en prisión, abrazó a sus papás y a sus hijos. Esta vez, en libertad.
“Ha sido muy fuerte este proceso. Mis hijos no están bien y apenas estoy viendo realmente el daño en su desarrollo que todo esto les causó. Necesito un trabajo porque ahorita no tengo ni 5 pesos en mi bolsa para un taco. Estoy asustada, pero sé que voy a salir adelante. Tengo que salir adelante por el bienestar de mis hijos”, afirma.
El decreto del presidente es un acto de humanismo. Liberar a quienes no deben estar en prisión es una deuda pendiente que tiene este país. Sin embargo, el problema no debe agotarse ahí. ¿Cómo llegamos a tener policías que tengan que torturar brutalmente para lograr una “confesión”? ¿Cómo tenemos a personas durante 10 años en prisión sin una sentencia? ¿Cómo acercamos la justicia a los más vulnerables para que esta realidad no se repita?
¿Cómo garantizamos el Estado de Derecho en nuestro tan lastimado México?
